En un escenario de creciente incertidumbre para el sector, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el lanzamiento de la Mesa Bonaerense de la Pesca. El encuentro, que tuvo lugar en el Hotel 13 de Julio durante el Congreso Bonaerense del Trabajo en Mar del Plata, reunió a los principales actores de la cadena productiva con un objetivo central: coordinar políticas frente a las decisiones del Gobierno nacional que amenazan la rentabilidad y los puestos de trabajo en el territorio provincial.
Un espacio de articulación frente a la crisis
La conformación de esta mesa institucional busca consolidar un bloque que integre al Estado provincial, sindicatos marítimos y portuarios, y cámaras empresarias. La iniciativa surge como respuesta a la compleja situación que atraviesa la industria pesquera nacional, marcada por debates sobre cuotas de captura y el rol estratégico de los puertos bonaerenses.
Carla Seain, Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca y representante provincial en el Consejo Federal Pesquero (CFP), definió la urgencia de este nuevo ámbito: “El objetivo de la mesa es analizar y discutir las definiciones del Consejo Federal Pesquero”. Junto a ella, participaron el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y otros funcionarios provinciales que buscan fortalecer la posición de Buenos Aires en la mesa de decisiones nacional.
Los ejes del conflicto: la transferencia de las cuotas de captura
Uno de los puntos de mayor fricción que motivó la creación de la mesa es la posible transferencia de cuotas de captura de merluza desde la flota fresquera hacia los buques congeladores. Según advirtieron los gremios, esta medida reduciría drásticamente el procesamiento en tierra, afectando directamente a las plantas procesadoras y a miles de familias en ciudades costeras.
Aunque desde algunos sectores nacionales se intentó minimizar el impacto de esta medida, la Mesa Bonaerense exige garantías formales. Pablo Trueba, secretario General del SIMAPE, fue tajante: “No nos vamos a guiar por declaraciones periodísticas. Queremos que expresamente se refleje su archivo [en el CFP]”.
Asimismo, se denunció una supuesta discriminación contra la provincia en el proyecto de ampliación de permisos para la pesca de calamar. El sistema de puntajes propuesto otorgaría menor calificación a quienes descarguen y reprocesen en puertos bonaerenses frente a otras terminales marítimas. Al respecto, el edil y referente político Gustavo Pulti advirtió que “esta decisión viola el federalismo contemplado en la Ley Federal de Pesca”.
Soberanía y fuga de trabajo al exterior
La mesa también puso el foco en una problemática alarmante: el procesamiento de recursos del Mar Argentino en países vecinos, particularmente en Paraguay. Los dirigentes sindicales denunciaron que esta práctica no solo destruye mano de obra local, sino que “representa una grave pérdida de soberanía sobre nuestros recursos naturales”.
El Capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones, enfatizó durante el encuentro la necesidad de defender la industria nacional frente a decisiones que profundizan la crisis del sector y favorecen la desindustrialización.
Participantes y actores clave
La Mesa Bonaerense de la Pesca cuenta con una representación integral de todos los sectores: por parte del Estado provincial los Ministerios de Trabajo y Producción, y la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los gremios: tuvieron la presencia de la FEPA (liderada por Carlos Mezzamico) y el SOMU, se sumaron el Centro de Patrones de Pesca, SIMAPE, SICONARA, SUPA, Dragado y Balizamiento, Guincheros, SOIP, SAON, Empleados de Comercio, además de la CGT y ambas CTA. Del lado empresarial y patronal estuvieron presentes la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y cámaras de servicios portuarios y estibaje.
Demandas empresariales y tensiones políticas
Pese a la unidad frente al Gobierno nacional, las empresas también elevaron reclamos a la administración provincial. Entre los puntos solicitados figuran la declaración de la emergencia productiva, la eliminación del impuesto de Ingresos Brutos para la cadena pesquera y la apertura de líneas de crédito a largo plazo para capital de trabajo.
Por otro lado, el sector privado instó al Consorcio Portuario a congelar tarifas y desregular actividades para fomentar la libre competencia en servicios de estiba y reparaciones navales. En este punto, la política interna también juega su papel: la gestión del puerto, a cargo de Marcos Gutiérrez (referenciado con Fernanda Raverta), mantiene una relación distante con el esquema directo del Gobernador Kicillof.
Con la conformación de esta mesa, la provincia de Buenos Aires busca blindar un sector estratégico que genera miles de puestos de trabajo, reafirmando el compromiso de preservar el valor agregado en territorio nacional frente a los cambios de paradigma que hoy atraviesa la actividad pesquera.
