La decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de intervenir la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ha provocado una inmediata y contundente reacción de solidaridad en todo el arco gremial argentino. Organizaciones de diversos sectores han cerrado filas detrás de la conducción de Abel Furlán, denunciando un plan sistemático para debilitar a las organizaciones que oponen resistencia a las reformas económicas del Gobierno Nacional.
El FreSU denuncia una «persecución grosera»
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), una coalición que representa a más de 140 organizaciones sindicales, fue uno de los primeros en expresar su repudio, calificando el fallo como un “grave ataque contra las organizaciones que luchan junto a sus trabajadores”. Desde el frente sostuvieron que la anulación de los comicios no es una medida neutral, sino una “persecución política, grosera y direccionada” contra Furlán.
Para el FreSU, este embate judicial tiene un origen claro: “El ataque comenzó poco después de que la UOM fuera la casa donde nos encontramos las organizaciones sindicales que decidimos enfrentar los embates que el gobierno nacional desplegó contra la clase trabajadora”. Asimismo, señalaron el vínculo entre los jueces firmantes, Víctor Pesino y María Dora González, y el Poder Ejecutivo, recordando que son los mismos magistrados que restablecieron la reforma laboral el pasado abril.
Aceiteros: «Llamado en pie de guerra»
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA), liderada por uno de los sectores más estratégicos de la economía, calificó el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como un «nuevo ataque contra la clase trabajadora». Para la entidad, la medida busca «desconocer la voluntad de las y los afiliados metalúrgicos» que reeligieron a Abel Furlán con el 80% de los votos a nivel nacional.
En un durísimo comunicado, los Aceiteros vincularon la intervención con una «encarnizada persecución política que el gobierno y el principal grupo empresario del sector desataron contra la conducción de la UOM». Ante lo que consideran un escenario de «catástrofe» social —marcado por 300.000 despidos y el cierre de 25.000 pymes—, la Federación lanzó un desafío al resto del movimiento obrero: «Si todo esto no es un motivo para ir a un plan de lucha con paro por tiempo indeterminado, ¿cuáles serían los motivos?».
ATE: «No vamos a permitir que vulneren la autonomía sindical»
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, utilizó sus redes sociales para manifestar un apoyo incondicional a los trabajadores metalúrgicos. “No vamos a permitir que la Justicia y el Gobierno vulneren la autonomía de las organizaciones sindicales”, sentenció el dirigente estatal.
Aguiar vinculó la intervención con una estrategia oficial para amedrentar a la dirigencia combativa, afirmando que la medida “violenta la voluntad de los trabajadores y pretende disciplinar a los dirigentes gremiales que luchan”. En un mensaje directo a las autoridades, concluyó: “Nos quieren obedientes y subordinados pero no van a poder”.
El Centro de Patrones en «Estado de Alerta»
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales se sumó a la ola de solidaridad declarando el Estado de Alerta y Movilización permanente en rechazo al fallo judicial. La conducción del gremio marítimo denunció que se busca el “desmembramiento del modelo sindical argentino” a través de un «modus operandi de la política neoliberal».
“Hoy se le arrebata al trabajador el derecho a elegir quién lo represente para defender sus condiciones laborales, permitiendo que la conducción sea digitada arbitrariamente por la vía judicial”, manifestaron desde el Centro de Patrones. La organización ratificó su «solidaridad absoluta» con la UOM y exigió la anulación inmediata de lo que catalogaron como un «avasallamiento arbitrario».
Defensa de la democracia interna
Las organizaciones resaltaron la legitimidad del proceso electoral ahora cuestionado por la justicia, recordando que Abel Furlán fue reelecto con el 85% de los votos en su seccional y el 80% del total de electores en el congreso nacional del 18 de marzo. Ante este escenario, el arco sindical exige el cese inmediato de la intervención y la devolución de los cargos a las autoridades electas, apelando al respeto de la Ley Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales y los tratados internacionales.
El conflicto cierra con una advertencia unificada por parte de los gremios solidarios: “Que quede claro: no hay hostigamiento que sea capaz de detener la lucha de la clase trabajadora argentina”.
