La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se encuentra en estado de alerta y movilización tras el fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que anuló la elección nacional, desplazó a la conducción de Abel Furlán e intervino el sindicato por 180 días. Para la organización, esta medida no es un hecho aislado, sino una “intervención política disfrazada de resolución judicial” que busca neutralizar al sindicato industrial más poderoso del país en un momento crítico de la discusión salarial.
La respuesta de la UOM: «Un fallo arbitrario y antidemocrático»
A través de un duro comunicado, la conducción desplazada calificó la resolución de los jueces Víctor Pesino y María Dora González como “un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización”. El gremio sostiene que la justicia ha sido utilizada como una herramienta para alcanzar “lo que no pudieron ganar en las urnas”, en referencia a la lista opositora que fue derrotada de manera contundente en las últimas elecciones.
La organización metalúrgica fue enfática al advertir que no aceptará la intervención de forma pasiva: “Se equivocan si creen que los metalúrgicos vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a este atropello”, sentenciaron, recordando que la UOM ha sobrevivido a dictaduras y persecuciones a lo largo de sus 83 años de historia.
Las hipótesis detrás de la intervención
Existen diversas hipótesis que circulan dentro del gremio y el entorno sindical para explicar la avanzada judicial. Por un lado, la UOM destaca que los magistrados que intervinieron el gremio son los mismos que validaron la reforma laboral de Javier Milei. Se denuncia un posible “toma y daca” con la Casa Rosada, señalando que el juez Pesino obtuvo una prórroga de cinco años en su cargo apenas 24 horas después de fallar a favor del Gobierno nacional.
Por otro lado, existe el factor Techint y el disciplinamiento salarial, según la UOM estamos presenciando una “operación política, judicial y empresaria” destinada a “disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre”. El gremio vincula directamente estos intereses con el Grupo Techint y su CEO, Paolo Rocca, históricos adversarios de Furlán, y con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, por su nexo previo con dicha empresa.
Sumado a esto, el sindicato acusó a la agrupación opositora (Lista Naranja de Campana) de actuar como un “instrumento de los grupos empresarios y de un gobierno que hambrea al pueblo”. Según la UOM, tras fracasar en los intentos de bloquear el Colegio Electoral, la oposición optó por judicializar la vida interna del sindicato para frenar la gestión de Furlán, quien cuenta con el apoyo de 48 de las 53 seccionales del país.
Paritarias congeladas e incertidumbre
El impacto más inmediato de la intervención recae sobre las paritarias. Con la firma de Furlán invalidada y la administración en manos del interventor designado, el Dr. Alberto Biglieri, las negociaciones informales con las cámaras empresarias quedaron virtualmente frenadas.
Actualmente, miles de trabajadores metalúrgicos perciben salarios correspondientes a abril, con un valor hora para ingresantes de apenas $4.313 y un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) de $1.036.000, valores que no contemplan aumentos para mayo. La UOM reclama un adelanto del 10% desde abril, pero la intervención ha generado un escenario de parálisis institucional que impide homologar cualquier acuerdo.
Ante esta situación, la UOM ha convocado a todo el movimiento obrero a defender la organización, asegurando que responderán con “participación, organización y lucha” para revertir lo que consideran un intento histórico de sometimiento. El apoyo de la CGT y otros gremios como Aceiteros y ATE refuerza la lectura de que este conflicto trasciende al sector metalúrgico y representa un ataque directo a la libertad sindical en Argentina.
