Argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente en materia de institucionalidad del trabajo. El país no solo ha sido ubicado entre los diez peores del mundo en derechos laborales, según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), sino que enfrenta un proceso de desmantelamiento de sus capacidades estatales mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) presiona por una reforma previsional profunda.
Argentina en el «banquillo» internacional
El inicio de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra encontró al Gobierno de Javier Milei en una posición defensiva. La Argentina debió responder ante la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT por cuestionamientos al Convenio 150 sobre administración del trabajo, tras denuncias de las centrales sindicales (CGT, CTA Autónoma y de los Trabajadores) sobre la degradación de las instituciones laborales.
El retroceso es tangible: el país cayó a la Categoría 5, el nivel más bajo del ranking mundial, debido a un «retroceso general en las garantías laborales», restricciones a la protesta y despidos antisindicales. En medio de este examen internacional, el Gobierno publicó los decretos 406, 407, 408 y 409, que reglamentan puntos sensibles de la reforma laboral, un gesto interpretado por el sindicalismo como un «castigo» y una señal de confrontación política.
El desarme territorial y presupuestario
La administración nacional ha ejecutado un ajuste drástico sobre el área de trabajo. Con la transformación del Ministerio de Trabajo en una Secretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano, según datos del informe de IPyPP, “Agencias Territoriales, desfinanciamiento y debilitamiento de la fiscalización del trabajo” se produjo una pérdida de estructuras estatales sin precedentes.
- Destrucción de empleo público: Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la administración centralizada eliminó el 29,7% de su planta. En el caso específico del Ministerio de Capital Humano, la reducción alcanzó el 47% de la dotación previa de las carteras que absorbió.
- Ajuste presupuestario: El gasto ejecutado por el área de Trabajo cayó un 64,5% real entre 2023 y 2025. Para 2026, el presupuesto asignado representa apenas el 0,10% del PBI, con recortes severos en capacitación laboral (-78,8%) y acciones de empleo (-74%).
- Conflictividad en el territorio: El intento de cierre de las 43 Agencias Territoriales, que coordinan políticas de empleo y fiscalización en todo el país, puso en riesgo 1.600 puestos de trabajo. Aunque el desmantelamiento fue suspendido momentáneamente tras la resistencia sindical, el desfinanciamiento amenaza con vaciar sus funciones sustantivas.
A pesar de que los datos históricos muestran una tasa de informalidad laboral promedio del 30,2% —llegando a superar el 40% en ocho provincias—, la política pública ha virado hacia la flexibilización de los controles.
La Ley de Modernización Laboral introduce un nuevo régimen de blanqueo que permite a los empleadores regularizar trabajadores con una condonación de multas no menor al 70%. Asimismo, el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), que desde 2003 permitía a los inspectores actuar con poder de policía, sería reemplazado por un esquema de «visitas de cortesía». Bajo este nuevo enfoque, los inspectores realizarían hasta cuatro visitas de orientación antes de aplicar sanciones, priorizando el cumplimiento voluntario sobre la penalización del trabajo no registrado.
La sombra del FMI y la Reforma Previsional
Tras la aprobación de la reforma laboral, el horizonte se oscurece con las nuevas exigencias del FMI. En el marco de la segunda revisión del programa Extended Fund Facility 2025, el organismo ha solicitado una reforma previsional agresiva que complemente los cambios laborales.
Las propuestas del FMI incluyen:
- Incremento de la edad jubilatoria, indexada a la esperanza de vida mediante una «cláusula gatillo».
- Igualación de las edades de retiro entre hombres y mujeres.
- Eliminación de las moratorias previsionales, reemplazándolas por beneficios proporcionales para quienes no alcancen los 30 años de aportes.
- Unificación de regímenes especiales y provinciales con el sistema nacional.
El Gobierno se ha comprometido ante el organismo a enviar un diagnóstico técnico al Congreso hacia finales de 2027, lo que augura un nuevo capítulo de alta conflictividad social.
Argentina se encuentra ante un triple debilitamiento: institucional, presupuestario y operativo. La transición de un Estado fiscalizador a uno que promueve la «impunidad empresarial” se da en un contexto de caída real de la inversión pública en empleo y protección social. Mientras los organismos internacionales alertan sobre el deterioro democrático y laboral, el rumbo oficial parece ratificar la aceleración de un modelo que busca la mínima intervención estatal en las relaciones del trabajo.
