La emblemática fábrica que había reactivado la planta de la ex Sniafa en La Plata se encuentra en concurso preventivo. Con una deuda que supera los $565 millones y un conflicto gremial por indemnizaciones impagas, la empresa simboliza la crítica realidad del sector textil argentino.
La crisis de la industria textil argentina ha sumado un capítulo dramático en la ciudad de La Plata. Fisipa, la firma que en 2014 fue celebrada por recuperar la histórica planta de la ex Sniafa y devolverle la actividad a un gigante dormido de 40.000 metros cuadrados, atraviesa hoy su momento más terminal. Lo que comenzó como un proyecto de reactivación industrial con casi un centenar de operarios, hoy sobrevive con una estructura mínima de apenas ocho trabajadores.
El pasado 19 de junio, la Justicia Comercial —a través del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 1, a cargo de Alberto Alemán— abrió formalmente el concurso preventivo de acreedores de la firma. La presentación judicial revela un estado de asfixia financiera absoluto: la empresa reconoció que el 26 de mayo de este año quedó configurada su cesación de pagos.
Las cifras del colapso: una deuda millonaria
La documentación presentada ante la Justicia detalla un pasivo total de $565,3 millones. El desglose de la deuda permite dimensionar la magnitud de la crisis:
- $209,7 millones corresponden a deudas laborales, siendo el rubro más abultado.
- $168 millones se adeudan a proveedores comerciales por compra de bienes y servicios.
- $161,2 millones pertenecen a obligaciones fiscales y de la seguridad social.
- $26,3 millones a deudas financieras.
Entre los acreedores figuran desde empresas de energía y organismos públicos hasta la Asociación Obrera Textil (AOT), reflejando una parálisis que afecta a toda la cadena de valor.
Despidos y una oferta rechazada
El deterioro de Fisipa se aceleró notablemente en los últimos dos años con suspensiones rotativas y reducciones de personal. Sin embargo, el conflicto estalló el 22 de mayo, cuando 17 trabajadores se enteraron de su desvinculación al llegar a la planta.
En las audiencias ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, la tensión fue en aumento. Según fuentes gremiales, la empresa ofreció abonar solo el 50% de las indemnizaciones, una propuesta que fue rechazada de inmediato por los empleados y sus representantes sindicales, quienes exigen el cumplimiento íntegro de las obligaciones. Para los gremios, el caso Fisipa es un ejemplo doloroso de la pérdida de capacidad productiva y del costo social que enfrentan las familias trabajadoras.
Costos, importaciones y caída del consumo
Al explicar las causas de su caída ante la Justicia, Fisipa trazó un panorama sombrío sobre las condiciones para producir en el país. La empresa argumentó que el negocio se volvió inviable debido a una combinación de factores externos e internos. Por un lado, el aumento de costos es un factor clave. Se registró un incremento de más del 600% en las tarifas de servicios públicos, sumado al elevado costo del financiamiento. Sumado a la apertura importadora, donde la reducción de aranceles de importación para el hilado sintético facilitó el ingreso de productos extranjeros que compiten directamente con la producción local. Paradójicamente, más del 90% de sus insumos son importados, y las restricciones al comercio exterior en 2023 dificultaron el abastecimiento de materia prima. Pero el factor determinante que recorre uno y otro cierre de fábricas locales es el desplome del mercado interno, la empresa asegura que no pudo trasladar los aumentos de costos a sus precios de venta ante una caída estrepitosa del consumo por el ajuste y la caída del salario, y la avalancha importadora.
Un reflejo de la crisis sectorial
La situación de Fisipa no es un hecho aislado. Datos de la Fundación Pro Tejer indican que la producción textil cayó un 23% interanual en abril, con una utilización de la capacidad instalada de apenas el 36,6%, niveles históricamente bajos fuera del periodo de pandemia.
Mientras el proceso judicial sigue su curso, los acreedores tienen tiempo hasta el 15 de septiembre para verificar sus créditos ante la sindicatura. La instancia clave será en junio de 2027, fecha fijada para la audiencia informativa donde se sabrá si Fisipa logra un acuerdo para evitar la quiebra definitiva o si la histórica planta de La Plata vuelve a quedar en silencio.
