En un clima de máxima tensión, marcado por la intervención de la Gendarmería y el despido de personal altamente especializado, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa la crisis más profunda de sus 76 años de historia. Mientras el Gobierno profundiza el ajuste, crecen las denuncias sobre un plan sistemático para transferir el conocimiento y los recursos estratégicos a intereses extranjeros, principalmente de Estados Unidos.
La «motosierra» llega al núcleo del sistema científico
La jornada del 30 de junio de 2026 quedará grabada como el día en que la «motosierra» libertaria golpeó el corazón del desarrollo tecnológico argentino. Mediante notificaciones por correo electrónico y el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), alrededor de un centenar de trabajadores de la CNEA fueron informados de que sus contratos no serían renovados. Los gremios, sin embargo, estiman que la cifra real de afectados asciende a 170 personas, lo que representa la totalidad de los contratos que vencían en esa fecha.
Este recorte no es un hecho aislado. Bajo la gestión de Javier Milei, la CNEA ha sufrido una reducción presupuestaria del 45,4% y una caída del 53,4% en la inversión de bienes de capital. En los últimos tres años, el organismo ha perdido cerca de 500 trabajadores, producto de despidos directos y una «fuga de cerebros» hacia el sector privado motivada por salarios deprimidos. Según el investigador Rodolfo Kempf, la planta de personal pasó de 3.800 trabajadores en 2023 a unos 3.000 en la actualidad.
Represión y desalojo en la sede central
La noticia de los despidos desencadenó protestas inmediatas. En la sede central de la Avenida del Libertador, los trabajadores realizaron una permanencia pacífica que fue violentamente desalojada por la Gendarmería Nacional. Los efectivos ingresaron a los pasillos del edificio para custodiar la salida del titular del organismo, Martín Porro, quien se retiró escoltado ante el reclamo de los empleados.
«En 21 años de trabajo nunca vi algo así», relató la delegada Carolina Komar, describiendo escenas de empujones, golpes y palazos dentro de la institución. Mientras tanto, en el Centro Atómico Bariloche, las manifestaciones se concentraron en el ingreso sobre la avenida Bustillo, denunciando la desvinculación de 70 profesionales en esa sede.
Los despidos afectan a áreas críticas que sostienen décadas de inversión estatal. Entre los cesanteados se encuentran investigadores, técnicos y profesionales con más de 10 años de antigüedad. Un caso paradigmático que circuló en redes sociales fue el de la única operadora del microscopio electrónico de barrido acreditado bajo normas ISO en el país, quien denunció su desvinculación a pesar de su rol insustituible.
Adriana Serquis, diputada nacional y ex presidenta de la CNEA, calificó la medida como «arbitraria y sin fundamento», señalando la contradicción de despedir expertos mientras el propio Gobierno presenta lineamientos para fortalecer las exportaciones nucleares. Por su parte, Carolina Natalia Ayala, delegada en Bariloche, advirtió sobre el impacto social de estas medidas: «La mayoría de los proyectos que hacemos van destinados a tratamientos oncológicos», refiriéndose a la producción de radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
¿Hacia una privatización encubierta?
Detrás del ajuste presupuestario, trabajadores y especialistas sostienen hipótesis alarmantes sobre el futuro del sector: por un lado, los gremios denuncian que se está forzando el traspaso de profesionales formados por el Estado hacia empresas privadas estadounidenses como Meitner Energy y Arkis Energy. Estas firmas pagarían salarios hasta cuatro veces superiores, aprovechando la inversión millonaria que el Estado argentino realizó durante 76 años.
Otro de los elementos claves es el uranio como moneda de cambio. Existe una sospecha firme y fundada en hechos, de que el desmantelamiento busca facilitar la entrega de recursos minerales estratégicos. El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ya había manifestado el interés de su país en el uranio argentino. Además, el Gobierno habilitó el llamado «Procedimiento de Acceso Preliminar», que permite a empresas privadas inspeccionar instalaciones y activos sensibles de la CNEA, como el reactor RA-10 y los yacimientos de uranio en Chubut, Mendoza y Salta.
En esta línea de ajuste se encuentrram amenazados los proyectos de vanguardia mundial como el reactor CAREM (diseño nacional de baja potencia) y el Centro Argentino de Protonterapia, que se encuentran en riesgo por la falta de personal especializado y financiamiento.
Ignacio Cortés, delegado de ATE, resume la situación como un plan para convertir a la CNEA en un simple «centro formador» para el sector privado, perdiendo la capacidad de soberanía tecnológica. En este escenario, la CNEA deja de ser el organismo rector del sector nuclear para convertirse, según las denuncias, en un activo en liquidación al servicio de la geopolítica energética de las grandes potencias.
