En el marco de la apertura del período paritario junio 2026 – mayo 2027, el Gobierno nacional alcanzó un acuerdo parcial con los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aceptó y firmó la propuesta oficial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó de manera categórica, denunciando un «empobrecimiento planificado» del sector.
Los números del acuerdo: aumentos y bono
La oferta del Ejecutivo contempla un incremento salarial acumulado del 6,64% para el trimestre junio-agosto de 2026, bajo el siguiente esquema escalonado: junio: 2,4%, julio: 2,2% y agosto: 1,9%.
Adicionalmente, el convenio incluye el pago de un bono remunerativo por única vez de $50.000, que se hará efectivo durante el mes de agosto. Al contar con la firma de UPCN, el gremio mayoritario, el aumento quedó formalmente homologado y servirá como referencia para todo el personal comprendido en el convenio colectivo nacional.
La postura de UPCN: «Continuidad de la negociación»
Al suscribir el acta, UPCN garantizó la vigencia del nuevo esquema salarial. Desde el oficialismo y los sectores que acompañaron la firma se sostiene que este cronograma busca acompañar la evolución de los precios en un contexto de desaceleración inflacionaria respecto a los primeros meses de la gestión actual. Sin embargo, la aceptación no estuvo exenta de cuestionamientos sobre si este porcentaje logra compensar el deterioro salarial previo.
El fuerte rechazo de ATE y las duras críticas de Rodolfo Aguiar
Desde ATE, la respuesta fue inmediata y combativa. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó la propuesta como «insuficiente» y afirmó que el gremio no está dispuesto a «negociar ningún ajuste».
El dirigente fue tajante al señalar el impacto económico sobre los trabajadores: «Este Gobierno, desde que asumió hasta ahora, confiscó $12.000.000 en promedio a cada uno de los estatales». Según los datos técnicos del sindicato, mientras el aumento trimestral es del 6,6%, la inflación del mismo periodo superó el 8,3%, profundizando el desfase de los ingresos.
ATE llevó a la mesa de negociación una serie de reclamos que no fueron atendidos por el Ejecutivo, entre los que destacan:
- Suma fija de $400.000 para recomponer de forma inmediata los ingresos más bajos.
- Cláusula de actualización automática (cláusula gatillo) frente a la inflación.
- Salario mínimo superior a los $2.200.000, cifra que consideran necesaria para cubrir las prestaciones básicas de la Constitución Nacional.
- Cese de despidos, reactivación del Fondo de Capacitación (FOPECAP) y derogación de la Ley 27.802 de reforma laboral
- El panorama hacia adelante es de confrontación. ATE sostiene que, bajo la administración de Javier Milei, los salarios públicos ya se ubican un 43% por debajo de la inflación. En la paritaria anterior, los aumentos fueron del 21% frente a una inflación del 33,2%, lo que representó una pérdida de 12,2 puntos porcentuales.
«Este ofrecimiento nos coloca cada vez más lejos de lograr un entendimiento y acelera la conflictividad en el Estado», advirtió Aguiar. Ante este escenario, el sindicato ya analiza un plan de lucha y medidas de fuerza para las próximas semanas en reclamo de una recomposición real de los haberes.
