Por primera vez en la historia, el Ministerio de Defensa autorizó formalmente a los integrantes de las Fuerzas Armadas a tener un segundo empleo. Detrás del discurso de la “ampliación de libertades”, se esconde una caída estrepitosa del poder adquisitivo y una política de desfinanciamiento que obliga a quienes deben custodiar la soberanía nacional a manejar un Uber o repartir comida para llegar a fin de mes.
La gestión de Javier Milei ha oficializado lo que en los hechos ya era un secreto a voces en los cuarteles: el salario estatal ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas. A través de una resolución inédita, el Ministerio de Defensa habilitó a soldados, suboficiales y oficiales a desarrollar actividades privadas fuera de su horario de servicio para complementar sus ingresos. Lo que el Gobierno intenta presentar como una medida de «flexibilización administrativa» es, en realidad, el reconocimiento oficial de una crisis salarial terminal.
Un salario pulverizado por el ajuste
Desde que asumió la actual administración, el deterioro de los haberes en el sector castrense ha sido drástico. Según los datos que emanan de la propia realidad sectorial, el sueldo de los uniformados ha perdido más de un 80% en relación con la inflación, lo que se traduce en una caída del 25% del salario real solo desde diciembre de 2023.
Esta asfixia presupuestaria obligó al Gobierno a frenar la «jerarquización salarial» —un proceso que buscaba equiparar los ingresos militares con los de las fuerzas de seguridad—, dejando a los efectivos en una situación de vulnerabilidad económica extrema. Ante la imposibilidad o falta de voluntad política para otorgar una recomposición digna, la respuesta oficial es el «rebusque» legalizado.
De la formación estratégica al reparto por aplicación
La resolución menciona específicamente actividades como el transporte de pasajeros (Uber), el reparto (delivery) y la seguridad privada como opciones compatibles con la función militar. La paradoja es que el Estado invierte años en formar cuadros altamente capacitados en logística, inteligencia, comunicaciones y operaciones tácticas. Hoy, esos mismos profesionales terminan aplicando su disciplina y esfuerzo en tareas de baja calificación para compensar la falta de un sueldo digno. La crisis no solo genera pluriempleo, sino también una deserción constante. Pilotos, ingenieros, médicos y especialistas en comunicaciones están abandonando la carrera militar atraídos por salarios superiores en el sector privado, lo que impacta directamente en la capacidad operativa y la planificación estratégica del país.
La paradoja de la «Libertad»
Desde el punto de vista sindical, el argumento gubernamental de la «ampliación de libertades» resulta una falacia. No hay libertad cuando la opción es trabajar 16 horas diarias entre el cuartel y la aplicación para no caer bajo la línea de pobreza. La autorización para buscar un segundo empleo funciona más como una válvula de escape frente a la crisis que como una verdadera conquista de derechos laborales.
El contraste con las promesas de campaña es total. Mientras el discurso oficial hablaba de «devolverles el protagonismo institucional» y «jerarquizar» a las fuerzas, la realidad muestra a un personal desmoralizado, con falta de cobertura médica y un ajuste feroz en el equipamiento.
El pluriempleo como síntoma
La pregunta de fondo es cuánto debe ganar un trabajador —sea civil o militar— para que su vida no se convierta en una persecución constante detrás del salario y la ampliación hacía empleos precarios mediados por plataformas. En lugar de subir los sueldos, el Gobierno manda a sus filas al «fondo de olla», en medio de un sostenido ajuste que transforma esta situación en una postal que resume mejor que cualquier discurso la profundidad de la crisis salarial actual.
