Luego de meses de negociaciones y tensiones, el Gobierno nacional y las universidades públicas han logrado un acercamiento de posiciones que busca encauzar el conflicto educativo. La administración central presentó una propuesta que contempla no solo una actualización en los haberes de los trabajadores, sino también un refuerzo en partidas clave para el funcionamiento institucional y el bienestar estudiantil.
Los ejes de la propuesta salarial y presupuestaria
El ofrecimiento oficial, que se formalizaría mediante la firma de un acta de compromiso, establece un incremento salarial total del 24,3%. Este aumento se distribuirá en dos tramos:
- 21,3% en junio: Este incremento tiene la particularidad de impactar directamente en el medio aguinaldo, el cual se cobraría junto al sueldo de junio a principios del próximo mes.
- 3% en octubre: Un segundo tramo para completar la recomposición prevista.
Además del aspecto estrictamente salarial, el esquema del Gobierno incluye una actualización del 20% en los gastos de mantenimiento y una partida extraordinaria de 50.000 millones de pesos para los Hospitales Universitarios, destinados a reducir la deuda acumulada en el sector. Por otro lado, se prevé un aumento del 50% en las Becas Belgrano, un incentivo clave para estudiantes de carreras estratégicas que actualmente se encuentra en $81.685.
Uno de los puntos más destacados del acuerdo es el compromiso de establecer un proceso de paritarias periódicas. Según lo conversado, las partes se reunirían al menos cada tres meses, utilizando la inflación (IPC) como piso para determinar los futuros aumentos, evitando así nuevos atrasos frente al costo de vida.
La postura de los protagonistas
Desde el sector gremial, la propuesta ha sido recibida con cautela pero es vista como un avance. Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), calificó el ofrecimiento como un «primer paso» hacia el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Nosotros recibimos esto a cuenta de la Ley de Financiamiento Universitario. Celebramos que el Gobierno empiece a cumplir con una ley que está vigente y está sancionada”, afirmó el dirigente.
Sin embargo, Merkis aclaró que la aceptación de estos fondos no implica desistir de las acciones legales iniciadas por el incumplimiento previo de la ley: “Nosotros no nos bajamos de ninguna demanda… no podemos estar renunciando a una ley vigente”. Para el gremialista, estos avances son “fruto de nuestra lucha, de nuestra unidad y de nuestra convicción”.
El contexto judicial y el marco presupuestario
La firma de este acuerdo se destrabó luego de que el Gobierno retirara una condición inicial que exigía a las universidades retirar sus demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Al eliminarse este requisito, calificado como «inaceptable» por las instituciones, se abrió el camino para el entendimiento.
Pese a este alivio financiero, el sistema universitario opera bajo un presupuesto desafiante. Para el año en curso, se han asignado 4.8 billones de pesos, mientras que las casas de altos estudios estiman que se requieren 7.3 billones para un funcionamiento pleno. El costo fiscal para cumplir integralmente con la Ley de Financiamiento representaría el 0,2% del PBI en 2026, lo que equivale a unos 1.400 millones de dólares.
