Con protestas frente al Ministerio de Trabajo en La Plata y denuncias ante la Suprema Corte por falta de personal y crisis en IOMA, el gremio judicial exige la equiparación salarial del 100% con la Justicia Nacional y rechaza los aumentos del 3%.
El conflicto laboral en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires atraviesa horas decisivas. Trabajadores y trabajadoras judiciales, organizados en la UEJNPBA, mantienen un plan de lucha denunciando un deterioro salarial persistente, falta de respuestas del Poder Ejecutivo bonaerense y serias deficiencias en las condiciones de trabajo y la atención médico-asistencial.
Según datos provistos por la propia organización gremial, la brecha acumulada entre la inflación y los incrementos salariales alcanzó un 91,5% durante los últimos cuatro años. La tendencia negativa no se ha detenido en el ejercicio 2026: hasta el mes de octubre, la inflación acumulada registró un 26,3%, mientras que la recomposición salarial otorgada se ubicó en apenas un 22,5%.
Alerta salarial
Frente a este escenario de pérdida del poder adquisitivo, la representación sindical rechazó los aumentos del 3% previstos para octubre y del 3% para noviembre, catalogándolos de insuficientes para recomponer los ingresos de los empleados judiciales.
El eje central del reclamo salarial apunta a la equiparación salarial plena del 100% con la Justicia Nacional y Federal, acompañada por un esquema de enganche automático. Desde la organización remarcaron que no se resignarán a cobrar salarios de pobreza y rechazaron las propuestas oficiales que proponen un tope del 85%, exigiendo una recomposición integral y la autarquía del Poder Judicial bonaerense para finalizar con las asimetrías respecto a los tribunales nacionales.
Movilizaciones a La Plata y promesas incumplidas en el Ministerio de Trabajo
La tensión sindical se tradujo en una serie de acciones gremiales desplegadas en los distintos departamentos judiciales de la provincia y con epicentro en la ciudad de La Plata, frente a la sede del Ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa.
Los antecedentes del conflicto evidencian la falta de diálogo efectivo:
- 30 de septiembre: La conducción gremial obtuvo un compromiso oficial para celebrar una reunión de negociación, instancia que nunca fue concretada por las autoridades provinciales.
- 29 de octubre: Ante la persistente falta de respuestas, las y los judiciales se movilizaron masivamente a las puertas de la cartera laboral bonaerense para renovar el reclamo.
Vacantes estructurales, crisis en IOMA y denuncias ante la Suprema Corte
La agenda de reclamos excede lo estrictamente salarial e impacta de lleno en la infraestructura y la salud de los trabajadores del sector. Ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el gremio formuló denuncias por la falta estructural de personal, la consiguiente sobrecarga laboral, el avance de sumarios administrativos y las trabas existentes para el desarrollo de la carrera judicial.

Un caso testigo presentado por el sindicato es la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de La Matanza, donde se registran 16 zonas vacantes sin cubrir, advirtiendo que se pretende responsabilizar al personal por los problemas estructurales del servicio. Asimismo, se exigieron respuestas urgentes ante situaciones de violencia laboral y sindical que continúan impunes.
En el plano asistencial, la situación de la obra social IOMA resulta crítica:
«Denunciamos severas dificultades para acceder a profesionales médicos, demoras prolongadas, prestaciones deficientes y la obligación de afrontar gastos adicionales directos por parte de las y los afiliados.»
Tras realizar presentaciones institucionales y un relevamiento provincial, la organización gremial exige mejoras urgentes y reclama el derecho a la libre elección de obra social.


Proyección nacional del conflicto
La problemática de los judiciales bonaerenses tuvo repercusión nacional durante la XXXVII Asamblea Anual de Representantes de la UEJN, llevada a cabo los días 5 y 6 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata.
Desde la UEJNPBA ratificaron que continuarán e intensificando las medidas de fuerza e iniciativas institucionales en defensa del salario, la salud, la carrera judicial y el trabajo digno, en rechazo a la naturalización de la pérdida de derechos en el ámbito judicial bonaerense.





