Una profunda reestructuración encabeza por el plan de reformas de Milei en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la paralización de proyectos estratégicos de desarrollo propio como el reactor CAREM y la aplicación del Decreto 695/2025 para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. desataron una fuerte ola de protestas sindicales en la localidad bonaerense de Lima. Con el riesgo de vaciamiento técnico y científico sobre más de medio siglo de desarrollo soberano, los trabajadores denuncian persecución gremial, despidos arbitrarios y la pérdida sostenida de personal altamente calificado.
La resistencia gremial frente al acceso a Atucha
Frente a las instalaciones del Complejo Nuclear Atucha, en la rotonda de acceso a la localidad bonaerense de Lima (partido de Zárate), trabajadores, científicos, técnicos y delegaciones de múltiples sindicatos se congregaron en una multitudinaria jornada de lucha en defensa del sistema nuclear argentino. Con consignas centrales como «Atucha no se vende» y «Defender el sector nuclear es defender la soberanía energética y tecnológica del país«, la manifestación visibilizó la alarma generalizada que atraviesa el sector.
La jornada de protesta contó con la convocatoria unificada de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma regional Zárate-Campana, el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, la Asociación Trabajadores del Estado en la Comisión Nacional de Energía Atómica (ATE-CNEA) y la Asociación de Profesionales de la CNEA (APCNEAN). Asimismo, la marcha sumó el respaldo activo de empleados de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y el acompañamiento de representaciones sindicales externas, tales como las delegaciones del Hospital Garrahan y de SUTEBA Tigre.
Durante la manifestación, la dirigencia del sector subrayó que la infraestructura nuclear argentina no representa meramente un complejo de generación eléctrica, sino el resultado de más de cincuenta años de inversión pública, formación académica de excelencia y soberanía tecnológica. En sus discursos, los representantes gremiales apelaron a la intervención del Congreso de la Nación —exhortando a diputados y senadores— para que detengan las iniciativas de venta de activos estatales y la paralización de proyectos estratégicos.
«Todo el sector nuclear está sujeto a privatización. Defender esta actividad significa preservar la posibilidad de decidir sobre nuestros recursos, nuestra energía y nuestro propio futuro, sin quedar subordinados a los intereses de quienes pretenden convertir nuestro patrimonio estratégico en un negocio privado.» — Julio Acosta, Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA).

Esta demostración de unidad gremial en las calles busca hacer frente a un proceso de achique institucional que ya se expresa en documentos oficiales de reestructuración orgánica.
Ajuste estructural en la CNEA: plan oficial proyecta la eliminación del 98% de las divisiones operativas
El conflicto social y laboral en Atucha tiene su correlato institucional en un extenso documento de 90 páginas elaborado por la conducción gubernamental para reestructurar de manera integral la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Según se desprende del análisis de este texto técnico, el proyecto oficial impone una reducción del 58,4% en la cantidad de direcciones, gerencias y dependencias de la entidad con respecto a la conformación registrada en octubre.
Testimonios: Isabel Franco – Delegada de ATE-CNEA Zárate y Daniel Sanchez – Coordinador de la Mesa Nacional de ATE-CNEA
El impacto organizativo resulta crítico al evaluar el nivel de las divisiones operativas, concebidas como las unidades básicas encargadas de ejecutar los proyectos científicos y desarrollos tecnológicos específicos. De acuerdo con el esquema propuesto, las divisiones pasarán de 283 a tan solo 7 unidades, lo que representa la supresión del 98% de las estructuras de trabajo directo en el organismo matriz de la energía atómica nacional.
| Nivel Jerárquico u Operativo | Estructura Previa | Nueva Estructura Proyectada | Variación Presupuestaria u Orgánica |
| Direcciones y Gerencias | Base oficial (100%) | Reducción de dependencias | -58,4% |
| Divisiones Operativas | 283 divisiones activas | 7 divisiones operativas | -98,0% |
| Ejecución Presupuestaria CNEA | Crédito anual proyectado | Caída real ejecutada (CEPA) | -37,0% |
| Ejecución Presupuestaria ARN | Crédito anual proyectado | Caída real ejecutada (CEPA) | -25,0% |

Esta profunda reestructuración física y funcional ocurre en un contexto de acentuada contracción presupuestaria. Informes elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirman que la CNEA registra un descenso real del 37% en su ejecución de recursos, mientras que la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) exhibe un recorte del 25%. A este panorama se le suma un programa de retiros voluntarios en vigencia que busca la desvinculación de unos 400 investigadores, profesionales y especialistas. Estos recortes profundizan los antecedentes registrados a mediados de año, cuando la desvinculación de 100 trabajadores generó intensas movilizaciones que culminaron con la inédita presencia de efectivos de Gendarmería Nacional en la sede central del organismo.
El referente sindical y científico de ATE-CNEA, Rodolfo Kempf, advirtió que la reorganización aprobada no persigue la eficiencia administrativa, sino que constituye un mecanismo formalmente diseñado para degradar las áreas tecnológicas y propiciar un vaciamiento sistemático que derive en nuevos despidos masivos.
El científico y referente sindical afirmó que “Argentina junto a Brasil y Sudáfrica son los únicos tres países que tienen energía eléctrica por la vía nuclear en el Sur Global” (…) “Esto es algo que el imperialismo no puede soportar, menos en su aspecto fascista del siglo XXI como es lo que expresa el trumpismo y vienen entonces con la iniciativa de la privatización”.
Paralización del proyecto CAREM: desarticulación técnica e ingreso de firmas extranjeras
Una de las facetas más alarmantes del ajuste sectorial se manifiesta en el proyecto CAREM, el primer reactor nuclear de baja y media potencia (SMR) diseñado y desarrollado íntegramente en Argentina mediante la colaboración entre la CNEA e INVAP. Concebido como una pieza señera de soberanía tecnológica con un alto potencial de exportación industrial, la obra de construcción se encuentra actualmente paralizada, sin tareas de mantenimiento preventivo y con sus planteles técnicos desarticulados.
El impacto sobre el capital humano del proyecto refleja la magnitud de la paralización: el equipo de trabajo, que inicialmente superaba los 300 profesionales, investigadores y especialistas de alta calificación, fue reducido a un esquema mínimo de apenas 40 trabajadores. Con la nueva estructura organizativa de la CNEA, la iniciativa del CAREM queda relegada a una categoría residual sin respaldo operativo.

Mientras la gestión gubernamental justificó la suspensión de los trabajos argumentando la falta de viabilidad económica del desarrollo nacional, de forma simultánea se convocó a una licitación para la provisión de un nuevo reactor nuclear. El proceso adjudicó la iniciativa a una empresa estadounidense que no cuenta con trayectoria ni experiencia en el campo nuclear modular. Para los técnicos y sindicatos del sector, la medida representa una abierta transferencia de recursos e hitos tecnológicos hacia actores internacionales en detrimento del conocimiento acumulado localmente durante décadas.
Nucleoeléctrica Argentina y el marco normativo de privatización
El frente del conflicto alcanza de lleno a la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), firma encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. A través del marco legal otorgado por la Ley Bases y la publicación del Decreto 695/2025, el Poder Ejecutivo dispuso la autorización para comercializar parte del paquete accionario de la compañía e incorporar capitales privados en su gestión.
Las organizaciones gremiales y profesionales rechazan el argumento de la ineficiencia económica, señalando que Nucleoeléctrica representa un activo estatal autofinanciado y superavitario. La compañía genera recursos propios mediante la venta continua de energía eléctrica limpia y segura al Mercado Eléctrico Mayorista, reportando ganancias al erario público sin requerir transferencias del Tesoro para sus gastos corrientes de operación.

Componentes del ecosistema nuclear argentino amenazado
El sistema atómico nacional opera como una red interconectada donde la alteración de una de sus dependencias vulnera al conjunto del entramado industrial y tecnológico:
- Central Nuclear Atucha I: Emplazada en Lima (Zárate) e inaugurada comercialmente en 1974, constituyó la primera planta atómica de potencia de América Latina.
- Central Nuclear Atucha II: Ubicada en el mismo complejo bonaerense, aporta energía de base ininterrumpida al sistema interconectado nacional.
- Central Nuclear Embalse: Situada en la provincia de Córdoba, fundamental tanto para la generación eléctrica como para la producción de radioisótopos medicinales e industriales.
- Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP): Localizada en la provincia del Neuquén, clave para el suministro del moderador utilizado en los reactores de uranio natural.
- Dioxitek S.A.: Empresa estatal estratégica encargada del procesamiento y fabricación del dióxido de uranio utilizado en los elementos combustibles.
- Centros Atómicos e Institutos de Excelencia: Instalaciones científicas de Ezeiza y Bariloche, conjuntamente con el Instituto Balseiro, pilares del desarrollo de investigación pura, aplicada y formación universitaria.
En su conjunto, estas instituciones emplean a cerca de 4.500 científicos, ingenieros, técnicos especializados y personal administrativo, cuya continuidad laboral y desarrollo profesional permanecen en una situación de incertidumbre.

Salarios devaluados, denuncias de persecución y el caso Mariano Saleh
La crisis en el sector nuclear combina la pérdida del poder adquisitivo salarial con la denuncia de medidas disciplinarias tendientes a restringir la libertad sindical dentro de las instalaciones industriales. El paulatino deterioro de los sueldos ha comenzado a provocar una fuga ininterrumpida de científicos y técnicos especializados, formados al amparo de la inversión pública y tentados por ofertas en el exterior o en el sector privado no especializado.
En este clima de tensión, el caso de Mariano Saleh, profesional químico de Nucleoeléctrica Argentina y delegado sindical de ATE, se transformó en el emblema de la disputa laboral. Saleh enfrenta una solicitud de desvinculación y un juicio de exoneración impulsado por la conducción de la empresa a raíz de sus intervenciones públicas en rechazo a las políticas energéticas vigentes. Las representaciones gremiales denuncian que la medida judicial busca generar un efecto amedrentador sobre la plantilla de trabajadores.
«A mí me están haciendo un juicio de exoneración por manifestarme y protestar. Desde el comienzo de este Gobierno, los trabajadores nos venimos expresando en contra de las privatizaciones porque creemos que las centrales nucleares tienen que ser estatales: es la única forma de operarlas de manera segura y de entregar energía barata a la población. Nucleoeléctrica se autofinancia y genera ganancias, por eso convocamos a toda la comunidad a decir con firmeza que Atucha no se vende.» — Mariano Saleh, químico y delegado sindical de ATE en Nucleoeléctrica Argentina.
Con el estado de alerta ratificado en las centrales de Lima y Embalse, los sindicatos anticiparon que intensificarán sus medidas de fuerza y mantendrán la movilización pública. El conflicto en Atucha excede una controversia paritaria o laboral: coloca en el centro del debate el futuro del modelo científico, la autonomía tecnológica y la soberanía energética de la Argentina.






