Los trabajadores y gremios del Hospital Garrahan denuncian un severo desfinanciamiento de la institución pediátrica, con un recorte presupuestario real del 37% ejecutado por el Gobierno nacional. Según informes basados en datos oficiales obtenidos mediante amparos judiciales, la administración mantiene 58.000 millones de pesos inmovilizados en inversiones financieras mientras faltan insumos básicos, prótesis y personal de enfermería. El sindicato APyT alerta sobre irregularidades en las contrataciones, señalando un uso abusivo de compras directas de urgencia y gastos desproporcionados en seguridad privada.
Un duro informe presentado en el marco del 39° aniversario de la fundación de la institución pediátrica. Los trabajadores del Garrahan aseguraron que la intervención «ha establecido como modus operandi las contrataciones directas con proveedores oscuros, gastos millonarios de seguridad privada sin que haya datos de cuánto se ejecutó de un presupuesto que multiplica por 11 lo destinado a insumos para virología».
La gestión contable del Hospital Garrahan, revelada tras un cerco judicial de dos años, expone una contradicción institucional alarmante: mientras el presupuesto operativo sufrió un recorte real del 37%, la intervención mantiene $58.107 millones inmovilizados en instrumentos financieros de largo plazo. Esta desconexión entre la supuesta «falta de fondos» y la acumulación de activos líquidos —cuya inversión aumentó en plena crisis— sugiere un viraje desde una lógica prestacional de alta complejidad hacia un modelo de rentabilidad financiera. En el marco del 39° aniversario de la institución, los estados contables auditados demuestran que la crisis de insumos y personal no responde a una carencia técnica de recursos, sino a una decisión política de priorizar la especulación sobre la asistencia pediátrica.
La narrativa de austeridad oficial colisiona con una cartera de bonos con vencimiento a 13 años. Esta «timba» con recursos destinados a la salud infantil no solo erosiona la confianza pública, sino que revela una malversación de prioridades: el hospital actúa como un fondo de inversión mientras sus pacientes llegan con necesidades alimentarias básicas insatisfechas. La solvencia en el mercado de bonos no se traduce en los pasillos de radiología, gatillando una transición forzosa hacia la transparencia mediante el control judicial.
Este cerco informativo solo fue vulnerado mediante la coacción del Poder Judicial. Bajo el expediente 23618/2026, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) impulsó un amparo que obligó a la justicia penal a intervenir. Fue únicamente ante el apercibimiento de un juez que la cúpula entregó los balances que ocultaba desde 2023. Que una institución de referencia internacional deba ser llevada al estrado para mostrar sus libros contables evidencia una degradación institucional gravísima, cuyo primer efecto es el quiebre de la confianza de un equipo de salud que sostiene la atención mientras sus jefes gestionan bajo las sombras del secreto.
- Diciembre 2023 – Abril 2026: El hospital ignoró sistemáticamente todos los pedidos de informes sobre ejecución presupuestaria y contrataciones.
- Abril 2026: Presentación formal de pedido de acceso a la información pública, recibida y no contestada.
- Expediente 23618/2026: Inicio de la acción de amparo ante la Justicia nacional.
- Agosto 2026: Una orden judicial obliga a la entrega de los balances auditados y el listado de contrataciones en coincidencia con el 39° aniversario del hospital.
El ocultamiento de datos públicos, en este contexto, no es una negligencia administrativa, sino una maniobra deliberada para encubrir la salud financiera de la institución. El uso de la justicia para obtener balances firmados demuestra que la opacidad fue la herramienta principal para sostener el discurso de la escasez.
Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), denunció que «después de dos años y medio de presentar notas, de pedidos de informes, solicitar audiencias y solo bajo el apercibimiento judicial por un amparo que presentamos, la actual intervención del hospital respondió a algunas preguntas sobre información que debería ser pública y accesible en relación a la gestión del hospital, de la cual pudimos extraer conclusiones importantes».
La «Motosierra» llegó hace rato: el desfinanciamiento (2024-2025)
Para un centro de alta complejidad pediátrica, la suficiencia presupuestaria es una variable biológica: sin recursos no hay quirófanos, y sin quirófanos se pierden vidas. En un escenario de inflación galopante, un presupuesto estancado es un certificado de defunción operativa. Al abrir los libros contables, la magnitud del recorte ejecutado por la administración nacional y de la Ciudad de Buenos Aires revela un plan de desmantelamiento sistemático.
Los estados contables al 31 de diciembre de 2025 confirman el impacto de la inflación como mecanismo de ajuste indirecto. Con un índice inflacionario del 31,55% (según el propio balance), los montos nominales esconden un retroceso catastrófico en la capacidad de compra.
Comparativa de transferencias (Millones de Pesos)
| Fuente de Financiamiento | Fondos 2024 | Fondos 2025 | Variación Nominal | Variación Real (Ajustada) |
| Nación | $304.627 | $252.077 | -17,25% | -37,00% |
| CABA | $75.299 | $63.019 | -16,31% | -36,25% |
Este recorte real de 37 puntos porcentuales en los fondos nacionales equivale a una pérdida de poder adquisitivo de $150.000 millones. Mientras el Gobierno «pisa» los salarios y reduce la transferencia operativa, el hospital logra, paradójicamente, desviar excedentes hacia el sistema financiero.
El portafolio de inversión: $58.107 millones en el sistema financiero
La auditoría del Anexo III de los estados contables revela que la institución destina una parte sustancial de su patrimonio a activos de baja liquidez y alto riesgo soberano.
- $40.899 millones colocados en Bonos Par Step Up 2038 (vencimiento a 13 años).
- $17.208 millones en otros títulos públicos y letras.
- Crecimiento: El portafolio financiero se expandió en $4.691 millones durante el año de mayor recorte presupuestario.
Desde el punto de vista de las luchas que dieron curso estos últimos dos años contra el ajuste, y el debate público y legislativo alrededor del financiamiento del Hospital, inmovilizar recursos en bonos a 2038 mientras faltan prótesis y medicación oncológica roza la malversación de fondos y prioridades. No existe justificación técnica sobre quién autorizó estas operaciones ni bajo qué criterios de liquidez se seleccionaron instrumentos de tan largo plazo para un hospital de emergencia. Esta «solvencia financiera» artificial es el motor del superávit reportado.
En el informe dejan en evidencia la multiplicidad de irregularidades en la gestión del Hospital, desde gastos y licitaciones de «urgencia», así como un personal de gestión política no ideneo. Lezana denunció además que ««»la actual intervención, puesta a dedo por el ministro Lugones, de un grupo de improvisados en materia pediátrica, ya que ni son pediatras ni tienen expertise en gestión de salud pública de ningún tipo, ha establecido como modus operandi las contrataciones directas con proveedores oscuros, gastos millonarios de seguridad privada sin que haya datos de cuánto se ejecutó de un presupuesto que multiplica por 11 lo destinado a insumos para virología, por ejemplo».
Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos anunciaron además el lanzamiento de una campaña llamada «Con Hambre no pueden Jugar» en el mes de las Infancias, que se propone recolectar alimentos y juguetes, ya que los profesionales denuncian que reciben pacientes con hambre. Convocan a colaborar con alimentos no perecederos y juguetes, y anuncian un festival el domingo 13 de septiembre en el Parque Lezama, para toda la familia.
