En una muestra de unidad frente a lo que califican como una «crisis de morosidad sin precedentes», la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizarán este jueves 20 de agosto hacia el Ministerio de Economía. Bajo la consigna de que el endeudamiento familiar dejó de ser un asunto privado para convertirse en una política de Estado, las organizaciones reclamarán medidas urgentes ante un fenómeno que ya afecta a casi la mitad del país.
Detalles de la convocatoria y puntos de encuentro
La jornada de protesta comenzará a las 14:00 horas. Las columnas de manifestantes se concentrarán en dos puntos estratégicos del centro porteño: la intersección de Paseo Colón y Estados Unidos, y el cruce de las avenidas Independencia y Paseo Colón. Desde allí, marcharán hacia el Palacio de Hacienda, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, a metros de la Casa Rosada.
A la movilización central se sumará también una protesta matutina de pequeñas y medianas empresas, quienes desde las 9:00 exigirán una ley de emergencia para las PyMEs.
Radiografía de una crisis
El sustento del reclamo se apoya en cifras que las organizaciones califican como críticas y que reflejan un deterioro sistémico de los ingresos:
- Alcance masivo: Se estima que más de 20 millones de personas, casi la mitad de la población, se encuentran endeudadas.
- Mora récord: Unos 5,8 millones de argentinos registran deudas con atrasos superiores a los 90 días, un nivel de morosidad que no se veía desde la crisis de 2001.
- Crecimiento exponencial: La morosidad bancaria de las familias pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026.
- Impacto salarial: En promedio, el pago de deudas ya consume el 24,1% de la masa salarial de los trabajadores.
- Juventud hipotecada: 4 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 24 años han tomado préstamos que hoy no pueden cancelar.
Desde la conducción de la UTEP, Alejandro Gramajo advirtió sobre la gravedad de la situación en los sectores informales: “Estamos atravesando una de las peores crisis económicas y sociales… No se tiene registro de una situación así desde el año 2001”. Gramajo denunció que la falta de acceso al crédito formal empuja a las familias de los barrios populares a recurrir a usureros barriales o redes vinculadas al narcotráfico, agravando los niveles de dependencia y violencia.
Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, exigió la implementación de un programa estatal de desendeudamiento, sosteniendo que “la problemática requiere una respuesta pública”. Desde la CGT, la postura es de confrontación directa con el modelo económico. Andrés Rodríguez (UPCN) definió que el endeudamiento “es consecuencia de un modelo de gobierno que ajusta los ingresos, encarece la vida y beneficia a los usureros”.
A pesar del malestar, Cristian Jerónimo (CGT) aclaró que por el momento no se prevé un paro general, apostando a visibilizar el conflicto mediante el diálogo y la protesta: “Un paro sería angustiante para los propios trabajadores porque perderían su día de trabajo y salario”.
Entre lo «privado» y lo «político»
El trasfondo de la marcha es una disputa ideológica sobre la naturaleza de la deuda. Mientras el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo han afirmado que se trata de un problema “entre privados” —llegando el mandatario a preguntar irónicamente si a los deudores “les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo”—, los sindicatos argumentan que es un endeudamiento por supervivencia.
Los informes citados por las organizaciones, como los de CEPA y la Defensoría del Pueblo bonaerense, indican que la mayoría de los créditos no fueron tomados para inversión o consumo de bienes durables, sino para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos, alquileres y servicios públicos, cuyos costos han subido más del 600%.
La movilización del jueves busca presionar por soluciones legislativas, ya que en el Congreso existen cerca de 30 proyectos para aliviar la situación, que incluyen desde programas de crédito a través de la ANSES hasta la creación de un registro de personas endeudadas por gastos esenciales.
