La ofensiva de las autoridades del Hospital Garrahan contra la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) ha sumado un preocupante capítulo con el anuncio oficial de desvincular a su secretaria general, la nutricionista Norma Lezana. Amparándose en un sumario administrativo express, la intervención libertaria del hospital acusa a la dirigente de «no atender pacientes durante todo el 2025» para intentar justificar su despido. Sin embargo, en el mundo del trabajo y las organizaciones gremiales esta medida es leída como una abierta maniobra de persecución sindical orientada a disciplinar al personal y desarticular la organización colectiva que arrancó las conquistas salariales más importantes del período.
Al gozar de tutela sindical por su condición de representante de los trabajadores, Lezana cuenta con fueros protectores que impiden su remoción directa o arbitraria. Por este motivo, el despido no está firme y la gestión se ha visto obligada a recurrir a la Justicia Laboral para solicitar su desafuero. Desde la APyT desmintieron categóricamente la cesantía inmediata, denunciaron que el sumario busca armar una «cortina de humo» para tapar escandalosas irregularidades presupuestarias y convocaron a toda la comunidad hospitalaria a movilizarse en defensa de sus derechos y de la salud pública.
La estrategia de la intervención patronal consiste en usar el sumario administrativo como un instrumento de punición laboral. Las autoridades sostienen que, tras una serie de actuaciones «no se pudo acreditar que hubiera desarrollado tareas asistenciales como nutricionista durante ese período, mientras que sí se constató su participación en actividades gremiales». Bajo este pretexto, argumentan que la líder de la APyT no cumplió con una prestación mínima y que, en consecuencia, corresponde quitarle sus fueros y proceder a su despido.
No obstante, desde la perspectiva de la defensa de los derechos laborales, este argumento instrumentaliza de forma sesgada la normativa. La tutela sindical no es un beneficio individual, sino una garantía constitucional —establecida para asegurar que los representantes del personal puedan defender las condiciones de trabajo y salarios sin temor a represalias de la empleadora. Reducir la labor gremial de una secretaria general de un sindicato de hospital público —quien estuvo al frente de un conflicto nacionalizado de máxima intensidad— a un mero cómputo de horas asistenciales representa un intento de vaciar de contenido la representación colectiva y de coartar la libertad sindical.
Norma Lezana salió rápidamente al cruce de la campaña oficial de desinformación, aclarando la situación legal y de lucha: «Es mentira que esté cesanteada». La referente de la APyT remarcó que sigue en pie de lucha dentro de la institución y que la movida de las autoridades es jurídicamente ineficaz en tanto la Justicia Laboral no valide un pedido de desafuero que carece de sustento legítimo.
Para la representación gremial, el ensañamiento directo contra Lezana tiene un objetivo transparente: silenciar las graves denuncias penales y administrativas que los profesionales de la salud han comenzado a ventilar sobre el manejo interno de los fondos del hospital. «Es evidente que están montando una cortina de humo atacándome a mí, para que no se sepa lo que estamos denunciando y empezamos a descubrir», expuso con firmeza Lezana.
Mientras monta esta persecución sobre los referentes de los trabajadores, la conducción libertaria intenta lavar su imagen pública difundiendo un «plan de mejoras» en infraestructura y salarios asistenciales. Sin embargo, para los trabajadores organizados, estas promesas contrastan drásticamente con el vaciamiento y las deudas salariales reales que persisten en las salas del hospital pediátrico de alta complejidad.
Hace unos días, desde nuestro sitio, publicamos que los trabajadores del Garrahan denuncian un severo desfinanciamiento de la institución pediátrica, con un recorte presupuestario real del 37% ejecutado por el Gobierno nacional. Según informes basados en datos oficiales obtenidos mediante amparos judiciales, la administración mantiene 58.000 millones de pesos inmovilizados en inversiones financieras mientras faltan insumos básicos, prótesis y personal de enfermería.
En definitiva, desde el gobierno montan estas distracciones pero no hay que dejar de enmarcar este hecho en el ajuste que está llevando adelante Lugones y Milei en todo el sistema público de Salud en medio de la crisis de las obras sociales, el cierre del Plan Remediar, la destrucción del PAMI y el vaciamiento del Garrahan que llevó a la conversacion pública y legislativa durante todo el año pasado.
«No nos vamos a callar. No les tenemos miedo. Ninguna intervención autoritaria me va a sacar del Hospital», enfatizó Lezana, ratificando su compromiso ético y profesional e invitando a una gran jornada de lucha este miércoles 2 de septiembre a las 12 horas, en una asamblea autoconvocada en la puerta del Garrahan para frenar lo que definen como un atropello patronal y democrático.
La solidaridad llegó desdde diferentes espacios sindicales, la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) emitió un comunicado donde repudían «la maniobra de las autoridades del Hospital y el Gobierno Nacional», y sostienen que «este hecho constituye un nuevo intento de disciplinamiento contra quienes se organizan y defienden los derechos de los trabajadores».
