El lunes 31 de agosto de 2026 marcó un punto de inflexión definitivo para las familias trabajadoras de Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Los operarios de la histórica planta de faena de Granja Tres Arroyos (GTA) —históricamente una de las mayores del país— se encontraron con un comunicado interno firmado genéricamente por «La Empresa» que decretaba la paralización de actividades «hasta nuevo aviso».
El argumento patronal apuntó a la «falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor». Sin embargo, la realidad que constataron los delegados gremiales en el predio desmiente la justificación técnica. Detrás de las persianas bajas y los portones cerrados, la realidad física del predio narraba una historia muy distinta.
Durante el fin de semana previo, un sigiloso movimiento de camiones vació la estructura productiva de la fábrica. Zorras autoelevadoras, equipos industriales para el armado de cajas y toda la maquinaria que la firma alquilaba a proveedores externos fueron retiradas por completo. «No quedó nada», describieron con crudeza fuentes vinculadas al establecimiento, quienes además confirmaron que los miembros del directorio habían retirado sus pertenencias personales y vaciado las oficinas ejecutivas.
El temor de los operarios es que la maniobra no sea una parálisis transitoria, sino un vaciamiento definitivo destinado a eludir el pago de las indemnizaciones de ley. La tensión en Capitán Sarmiento ya venía escalando: tras semanas de suspensiones parciales y vacaciones adelantadas, la gota que colmó el vaso fue el depósito de pagos de salarios que oscilaron apenas entre los 50.000 y 80.000 pesos, lo que desató una retención inmediata de tareas por parte de los trabajadores antes de que la patronal formalizara el cierre.
«No hay comunicación oficial, la empresa no aparece», denunció uno de los delegados gremiales en el predio bonaerense, describiendo a una conducción empresaria como «totalmente desaparecida y ajena a los padecimientos de los trabajadores».
Un colapso en cadena a lo largo y ancho del país
La parálisis de la planta de Capitán Sarmiento no representa un hecho aislado, sino la pieza más reciente de un efecto dominó sistémico que ha venido desmantelando la capacidad operativa de la principal avícola de la Argentina, cuyo paquete accionario pertenece en un 34% a la multinacional estadounidense Tyson Foods. Desde que la firma ingresó a fines de 2024 en un proceso preventivo de crisis no declarado oficialmente, pero ejecutado de hecho, el repliegue territorial ha sido incesante:
- En Tristán Suárez (Buenos Aires): La empresa ejecutó el cierre definitivo de la planta y despidió a 200 trabajadores.
- En Concepción del Uruguay (Entre Ríos): Clausuró la histórica planta Becar y trasladó de urgencia a sus 270 operarios a la planta La China. No obstante, la planta La China permanece inactiva desde finales de mayo. En paralelo, la firma envió telegramas de despido a 250 trabajadores en la región, acumulando además el atraso en el pago de más de cinco quincenas de salarios.
- En Río Cuarto (Córdoba): La planta de Avex paralizó sus actividades durante un mes entero bajo el pretexto de una «parada técnica programada». Ante la urgencia de liquidez, el grupo vendió la planta a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) mediante un esquema de venta y posterior alquiler con opción de recompra a cuatro años.
- En Pilar y Esteban Echeverría: La planta Pinazo suspendió a la totalidad de su personal, mientras que la planta Wade II (ex Cresta Roja) sufrió severas caídas de producción —pasando de faenar 110.000 pollos diarios a solo 80.000— en medio de bloqueos y protestas por deudas salariales.
La autopsia de los números: USD 350,9 millones de deuda
La asfixia de la compañía responde a un pasivo monumental. Granja Tres Arroyos arrastra una deuda de 350,9 millones de dólares. Para evitar la quiebra directa, la conducción contrató a la banca de inversión VALO para coordinar un salvaje plan de reestructuración con sus acreedores. La propuesta empresaria resulta drástica: exige una quita del 75% del capital adeudado, un plazo de pago extendido a siete años y la desinversión obligada mediante la venta de al menos cinco activos estratégicos.
Desde la perspectiva macroeconómica y de mercado, el desmoronamiento de este gigante del sector alimentario se explica por la confluencia de una crisis sanitaria internacional y un cambio radical de políticas en el mercado doméstico:
- El cerrojo de la gripe aviar (IAAP): La caja de la compañía se desmoronó tras la pérdida consecutiva de mercados de exportación clave como la Unión Europea y China. El primer gran golpe ocurrió en febrero de 2023, cuando los brotes comerciales obligaron a suspender los envíos, provocando pérdidas sectoriales estimadas en 160 millones de dólares. Nuevos focos en Ranchos, Lobos, Bolívar y Alejo Ledesma (Córdoba) entre 2025 y principios de 2026 extendieron el bloqueo. Aunque la Unión Europea decretó la reapertura del mercado el pasado 17 de agosto de 2026, la habilitación llegó demasiado tarde para sanear las cuentas de la firma.
- Apertura de importaciones: En el plano interno, la desregulación y la facilitación de importaciones de pollo desde Brasil promovida por la administración de Javier Milei terminó por asfixiar los márgenes de ganancia locales. GTA quedó imposibilitada de competir en precios frente a la escala de la industria brasileña, precipitando la inviabilidad operativa de sus complejos productivos más importantes.
Movilización y exigencia de intervención estatal
La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) mantiene un rechazo absoluto frente a los despidos, denunciando que la empresa pretende ampararse en «fuerzas extraordinarias» ajenas a su voluntad para justificar un vaciamiento que deja en la calle a cientos de familias y precariza el sustento de toda la cadena agroindustrial del país. En las últimas horas, realizaron un llamamiento a movilizarse junto a Uatre, la Federación de la Carne y la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) para el miércoles 9 de septiembre, donde exigirán que el estado intervenga en el conflicto.
Señalaron los convocantes que «Nos movilizamos hacia la Secretaría de Trabajo de la Nación en defensa de las fuentes de trabajo, la producción y el futuro de miles de familias trabajadoras» y exigen «la urgente intervención del Estado nacional ante una situación que pone en riesgo el empleo y la actividad productiva».
