El intento del gobierno de transferir al sector privado empresas clave del patrimonio nacional desata protestas. En el centro de la escena, la venta de Fabricaciones Militares y el futuro de sectores como el agua, la energía y el transporte activan el alerta de los gremios por la pérdida de soberanía y la entrega de recursos estratégicos.
La protesta en Fabricaciones Militares en el Día de la Industria
El pasado 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria Nacional, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo una masiva protesta frente a la sede central de Fabricaciones Militares en la Avenida Cabildo 65, en Capital Federal. La movilización formó parte de una jornada federal de lucha que también se replicó en las distintas plantas de producción del país. El motivo es la decisión de la Casa Rosada de lanzar el Concurso Público CPU-2026-SC-001, un pliego internacional que habilita la venta del 51% de las acciones de la emblemática empresa estatal de defensa sin establecer un tope máximo de extranjerización.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, expresó el fuerte rechazo del sector laboral ante esta medida «Pretender entregar el 51% de las acciones a empresas extranjeras es directamente avanzar en la completa extranjerización de las fábricas militares de nuestro país. Esto hiere de muerte a un sector que es estratégico para la defensa de nuestra nación y se traduce en una pérdida de soberanía que será difícil de recuperar».
El dirigente gremial fue aún más allá al denunciar los verdaderos intereses que, según el sindicato, se esconden detrás de la licitación: «Las empresas están en condiciones de producir y cuentan con trabajadores, pero eso al Gobierno no le interesa. Acá lo que está en juego son las licencias y los sellos de Fabricaciones Militares de los que se quieren apoderar para poder vender luego en cualquier lugar del mundo». Aguiar advirtió de manera tajante: «Vamos a seguir resistiendo esta entrega del patrimonio nacional y si no frenan en su intento, el conflicto se va a profundizar».
El desguace de la producción y el «Cherry Picking»
La resistencia de los trabajadores no se basa únicamente en argumentos geopolíticos, sino también en un evidente deterioro operativo. Bajo la actual gestión de orientación libertaria, Fabricaciones Militares ha registrado un desplome crítico en la producción de insumos de alta relevancia para las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entre los datos más alarmantes se destacan:
- Municiones en general: Caída del -44,13%.
- Munición calibre 9 mm: Contracción del -52,97%.
- Chalecos antibalas: Una drástica reducción del -97,98%.
Este retroceso productivo se inscribe dentro de una crisis industrial generalizada. Según un relevamiento del Centro de Economía Modelo de Argentina (CEPA), la actividad industrial en el país sufrió una caída del 7,9% entre 2023 y 2025, posicionando a la Argentina como el segundo peor desempeño de un listado de 56 economías globales analizadas. Durante este mismo lapso, se destruyeron 97.312 puestos de trabajo registrados en las unidades productivas del sector industrial.
A este sombrío panorama se suman decisiones regulatorias clave del Ejecutivo, como la derogación de la Ley de Compre Nacional y del programa PRODEPRO mediante el DNU 70/2023 (que garantizaba Aportes No Reembolsables a sectores estratégicos), así como el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) mediante el decreto 462/2025, el cual obstaculiza la certificación de normas de calidad y el desarrollo de valor agregado en el país.
Para la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, el desfinanciamiento previo tiene un fin deliberado que facilita el traspaso a manos privadas mediante mecanismos perversos«El Gobierno, mediante decretos, habilitó el ‘cherry picking’. Esto significa que quien licite puede quedarse con lo que genera rentabilidad (por ejemplo, munición de alto calibre para exportación) y dejar al Estado con las líneas deficitarias, sin obligación de integralidad. Es realmente inaudito» .
Cabezas enfatizó el impacto cultural e identitario de esta política de desguace: «Para construir una nación colonial como la que quiere construir este gobierno, necesitan destruir la noción de patria. Y la patria somos nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras del Estado que hacemos patria en cada lugar de trabajo».
Las cuatro plantas operativas en pie de lucha
La red de Fabricaciones Militares, cuya defensa moviliza a la militancia y a dirigentes de diversas seccionales —como Fernando Peyrano de Rosario y David Salto de Río Tercero —, cuenta actualmente con cuatro complejos industriales activos que abarcan distintas áreas de producción soberana:
- Fábrica Militar Fray Luis Beltrán (Santa Fe): Especializada en materiales de Defensa y Seguridad.
- Fábrica Militar Río Tercero (Córdoba): Centrada en químicos y metalmecánica.
- Fábrica Militar Villa María (Córdoba): Productora de pólvoras, explosivos y otros insumos estratégicos.
- FANAZUL (Azul, Buenos Aires): Reactivada para aportar capacidad productiva a la industria nacional y a la Defensa.
El mapa general de las privatizaciones: De AySA al sector nuclear
El plan privatizador delineado por la administración de Javier Milei excede largamente la industria de defensa nacional. Bajo el amparo de la Ley Bases, el Gobierno busca profundizar la transferencia de activos públicos en áreas como el agua potable, la energía, la tecnología y el transporte. Sin embargo, el camino de la Casa Rosada está repleto de obstáculos judiciales, legislativos y sindicales.
Agua y Saneamiento: AySA con fecha límite
La mayor expectativa del oficialismo se concentra en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), donde el Gobierno prevé la apertura de ofertas para la venta del 90% de sus acciones el próximo 15 de septiembre. Sin un precio base público establecido, las ofertas se cotejarán contra una valuación de referencia elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Entre los interesados del sector empresarial figuran:
- El empresario Mauricio Filiberti (dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor), quien presentaría una propuesta en conjunto con la constructora Rowing, de Walter Román.
- El Grupo Roggio, que actualmente posee la concesión de Aguas Cordobesas en la provincia mediterránea.
Transporte: Licitación en los trenes de carga y parálisis en el aire
En el ámbito ferroviario, el Ejecutivo ya lanzó el pliego de licitación para la concesión por 50 años de las vías del Belgrano Cargas, que abarca también las líneas San Martín y Urquiza. El plan apunta a captar inversiones por 1.000 millones de dólares, pudiendo los oferentes acogerse a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las consultas estarán abiertas hasta el 28 de octubre y las ofertas se recibirán hasta el 11 de noviembre. Como condición excluyente, se prohíbe la participación de firmas extranjeras controladas por Estados extranjeros.
Por el contrario, la privatización de Intercargo —la firma que presta servicios de rampa en los aeropuertos del país— se encuentra actualmente «totalmente paralizada» ante la ausencia de compradores interesados. Fuentes del sector aerocomercial advierten que el cierre de bases y la desregulación del servicio de handling en el sur (especialmente en Río Gallegos y Comodoro Rivadavia) encarecerán de manera drástica las tarifas cobradas a las aerolíneas en aquellos destinos donde el servicio no resulte rentable para firmas privadas.
El freno judicial en el Banco Nación
Uno de los principales reveses sufridos por la gestión gubernamental tuvo lugar en el Banco de la Nación Argentina. Aunque la entidad financiera fue retirada de la lista de empresas privatizables de la Ley Bases debido a la presión parlamentaria, el oficialismo intentó sortear esta traba transformándola en una Sociedad Anónima. No obstante, la Asociación Bancaria logró frenar el proceso en los tribunales. En agosto pasado, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata ratificó una medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, bloqueando de forma provisoria dicha transformación societaria. Se estima que los abogados del Ministerio de Economía ya evalúan apelar ante la Corte Suprema de Justicia para destrabar el proceso.
El sector nuclear y el retroceso de la CNEA
La preocupación sindical abarca también al sector científico-tecnológico y energético. Rodolfo Kempf, integrante de la conducción nacional de ATE y referente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), calificó la ofensiva sobre estas empresas como una seria «entrega» del patrimonio acumulado. Kempf denunció que en el rubro nuclear se busca permitir que empresas privadas extranjeras se queden con el uranio nacional a través de proyectos como el CAREM: «Se desarticuló un área de la CNEA, en especial la planta de enriquecimiento de uranio, poniendo patrimonio acumulado público y estatal al servicio de Estados Unidos, eso estamos enfrentando».
El dirigente de ATE también alertó sobre los intentos de privatización en empresas tecnológicas soberanas como ARSAT (que permite contar con un big data para la soberanía de datos) y en el histórico Astillero Río Santiago.
La sospecha de un remate a espaldas del Congreso
Las privatizaciones se producen en medio de un clima de desconfianza legislativa. Recientemente, se venció el plazo de un mes otorgado por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones para que el Poder Ejecutivo informara sobre los procesos de venta en marcha en empresas como Ferrocarriles, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
La falta de información gubernamental refuerza las sospechas de los bloques opositores —liderados por Unión por la Patria— de que el oficialismo busca subvaluar de forma deliberada las empresas públicas para transferirlas a «precio de remate» a grupos privados concentrados o sectores afines.
Frente a esta ofensiva multifrente, el sindicalismo estatal apuesta a unificar sus luchas. En palabras de Rodolfo Kempf, la movilización de los trabajadores busca «no sólo solidarizarnos con los trabajadores de las plantas de la entidad en todo el país sino además para hermanar la lucha en defensa de nuestras áreas estratégicas para el desarrollo». Con advertencias de profundizar el conflicto si no se detiene la venta de Fabricaciones Militares y el resto de las firmas del Estado, el gremio de los estatales se consolida como la primera línea de resistencia a un plan económico que amenaza con rediseñar de raíz la estructura soberana de la Argentina.
