A un año de la aprobación y puesta en funcionamiento del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), como uno de los ejes nodales de la política del gobierno nacional sancionado en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, su impacto es acotado: solo 7 proyectos aprobados y apenas 1.000 empleos directos creados.
Así lo constata un informe elaborado por el Observatorio del RIGI, que integran organizaciones sociales, institutos de investigación y académicos, sostiene que, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones tiene “resultados distan de las promesas iniciales”. Y señala que “la anunciada ‘avalancha de capitales’ aún no llegó, mientras que el régimen ya consolida beneficios extraordinarios para un puñado de grandes inversores”.
El empleo es el punto de mayor debilidad, los 1.000 empleos directos creados con el RIGI contrastan con los empleos privados formales que se perdieron desde la asunción de Javier Milei como presidente, que, a julio de 2025, según un informe del CEPA, alcanzaba la cifra de 104.000. Si a esto le sumamos los 184.000 empleados públicos menos (datos oficiales), el aporte del RIGI a la generación de empleo pasa a ser insignificante.
El Observatorio del RIGI está conformado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPyG/UNSAM), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Transnational Institute (TNI).
Desde el Observatorio consideraron que es “una cifra mínima frente a los beneficios fiscales y cambiarios extraordinarios que otorga el régimen”. Transcurridos 12 meses de su puesta en marcha, un total de 15 provincias suscribieron formalmente la normativa específica del RIGI.
El RIGI ofrece grandes concesiones al empresariado: incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para atraer inversiones superiores a US$ 200 millones. En otros países de la región se implementaron regímenes similares, aunque generalmente enfocados en un sector específico, como la minería. En nuestro país, es abanico es más amplio: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
En este sentido, precisa que se han presentado nada más que 19 solicitudes de adhesión al RIGI, de las cuales 7 resultaron aprobadas y una rechazada, lo que representa una inversión total de 13.067 millones de dólares y prevé apenas poco más de 1.000 empleos directos. Además, casi la mitad de los proyectos aprobados (tres de los siete) no son una inversión genuinamente privada al 100% sino que tienen una participación clave de YPF.
Los siete proyectos aprobados actualmente, que representan una inversión total de 13.067 millones de dólares, se distribuyen en hidrocarburos (2), minería (2), energía renovable (2) y siderurgia (1). El reporte reveló que “el sector hidrocarburífero concentra los montos de inversión más elevados en 3 proyectos por 9.790 millones de dólares”.
En este marco, el Observatorio analizó que “en la búsqueda para salir de la crisis externa inminente, el gobierno apuesta a inversiones y exportaciones de hidrocarburos, profundizando el mandato exportador”, advirtiendo que “en esto no repara en los potenciales daños ambientales, laborales o sociales que produzca, así como tampoco las concesiones institucionales que deba hacer”.
“El RIGI no inaugura un modelo extractivo: lo blinda, lo profundiza y lo desliga aún más a las comunidades de la naturaleza. Propone fórmulas que, en términos socioambientales, de distribución equitativa de la riqueza, de paridad de género y de inclusión social, fracasan de manera sistemática en Argentina desde los años ’70”, afirma Ariel Slipak, coordinador del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
