El clima político y social en la Argentina luego de las elecciones se encamina, en medio de cierto desconcierto hacia un debate sobre la legislación laboral. La propuesta de reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei se perfila como uno de los principales frentes de batalla, generando un «parteaguas» en el sistema de relaciones laborales y pone en periodo de prueba a la nueva conducción de la CGT y a la clase trabajadora en su conjunto.
Desde el mundo empresarial y el oficialismo, la reforma se presenta como una exigencia que busca corregir la supuesta “obsolescencia de la legislación laboral”, ejemplificada en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), a la que se le atribuyen «rigideces excesivas». Sin embargo, esta narrativa omite que la LCT ha sufrido numerosas «reformas», muchas de ellas regresivas, a lo largo de los ciclos de gobierno desde la última dictadura en 1976, muchas de ellas con un sesgo que implicó la restricción o supresión de derechos laborales.
En los Tratados Internacionales los derechos laborales y sociales reconocen un imperativo de doble nivel: el principio de progresividad y el de no regresividad.
- Progresividad: Los Estados se comprometen a adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 26 y PIDESC, Artículo 2.1).
- No Regresividad: Este principio conlleva a vedar medidas que impliquen una regresividad injustificada respecto al estándar de derechos ya alcanzados.
La constitución nacional dispone de leyes que deben asegurar al trabajador «condiciones dignas y equitativas de labor» (Art. 14 bis CN). La matriz ideológica de la reforma anticipada por el Gobierno, en línea con el DNU 70/2023 y la Ley “Bases”, se corresponde con la instaurada por la dictadura de 1976, el menemismo y la propuesta de Macri en 2017. Experiencias pasadas demostraron que estas iniciativas no redundaron en mayor empleo, ni “lluvia de inversiones”, ni mejoras para la clase trabajadora, sino que provocaron un crecimiento acelerado de la desocupación y la precarización, está última, hoy amparada en el trabajo de plataformas.
Los “trascendidos” del proyecto que desatan la «Guerra» con la CGT
Aunque el cotitular de la CGT, Jorge Sola, asegura que hasta el momento no existe un proyecto formal enviado por el Poder Ejecutivo y que el debate se sostiene entre «trascendidos», circulan borradores de un proyecto que se espera sea enviado al Congreso alrededor del 15 de diciembre.
La nueva conducción sindical advirtió que el borrador no es una modernización, sino una flexibilización peyorativa de derechos. Los puntos más sensibles, que rescatan artículos del DNU 70 que ya fueron rechazados y frenados por la Justicia, preanuncian un conflicto directo:
- Limitación de la ultra actividad: Se limitaría la ultraactividad automática de los convenios colectivos. Solo las «cláusulas normativas» (condiciones de trabajo) mantendrían su vigencia, mientras que las «obligacionales» (aportes a sindicatos) caducarían al vencimiento, salvo acuerdo.
- Prevalencia de convenios por empresa: Se daría prioridad a los convenios de ámbito menor (empresa o regionales) por sobre los de actividad. Esto implicaría una pérdida del poder centralizado que mantienen los sindicatos, que desde hace casi un siglo se establece por “Sindicato Único por Rama”. La atomización modificaría las correlaciones de fuerza a favor del capital.
- Limitación de las cuotas solidarias: Se prohibiría imponer aportes o pagos a los no afiliados, salvo que lo acepten expresamente. Esto representa un golpe letal al financiamiento sindical.
- Reglamentación restrictiva de la huelga: Se redefinirá el listado de servicios esenciales, fijando mínimos de cobertura de entre el 50% y el 75% del plantel de personal en actividades críticas y trascendentales (incluyendo transporte, salud, educación, energía, etc.). Esto ya fue intentado por el gobierno, y frenado por la resistencia sindical y la justicia.
- Jornada y banco de Horas: Se propone la ampliación de la jornada laboral ordinaria hasta doce horas y la implementación de un «banco de horas» que permite calcular el tiempo de trabajo en base a promedios semanales, y permite reorganizar las jornadas según las necesidades empresariales acumulando horas trabajadas para compensarlas con descansos posteriores, sin que medie el pago de horas extras. Justamente, la CGT teme la virtual eliminación del cómputo de horas extras.
- Salarios dinámicos y no remunerativos: Se incorpora el concepto de «salarios dinámicos» (retribuciones variables y transitorias por mérito o productividad), lo que permitiría descalzarse de los salarios pactados en CCT. Además, se habilitaría el pago de hasta un 10% del salario con beneficios no remunerativos (como tickets o vales).
- Limitación de Asambleas: Obligación de pedir autorización para realizar asambleas de trabajadores en las empresas, vista como una restricción al ejercicio de la acción colectiva.
- Eliminación de la protección contra el despido arbitrario: Se reemplaza el régimen indemnizatorio vigente por «Fondos comunes de inversión abiertos de cese laboral». El sistema mantendría un mes de salario por año trabajado, pero con un tope de diez sueldos, y los fondos serían administrados financieramente.
- Fraccionamiento extremo de vacaciones: Se habilitaría el fraccionamiento de las vacaciones en períodos de al menos 7 días por acuerdo entre las partes.
El reclamo central de la CGT: prioridad tributaria y diálogo
El nuevo triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (empleados del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) se encargó de dejar en claro que «defenderemos los derechos adquiridos». La Confederación General del Trabajo (CGT) ha puesto el foco en la falta de diálogo real, advirtiendo que cualquier reforma «sin letra chica, sin consensos y sin los sectores afectados en la mesa» es inviable. Jorge Sola, cotitular de la CGT, criticó que el Gobierno «invierte el orden de prioridades». Para el dirigente del gremio de seguros esto es altamente probable ya que “sin letra chica, sin consensos y sin los sectores afectados en la mesa, nace viciado”.
Según la central obrera, la reforma clave para estimular la inversión productiva no es la laboral sino la impositiva. Sola afirmó: «Bajen los impuestos, que para eso vino este Gobierno». Se destacó que la carga tributaria (impuestos nacionales, provinciales y municipales) puede alcanzar entre el 30% y el 40% de las ventas de una PYME antes incluso de contratar a un solo trabajador.
