Frente al intento oficial de impulsar una reforma laboral «modernizadora» que busca abaratar el trabajo y fragmentar la negociación colectiva, un informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la CTA Autónoma, el IEF y el IDEP presenta una agenda alternativa y progresiva. Los autores argumentan que la crisis laboral exige transformaciones estructurales que integren la reforma tributaria, la previsional y la laboral para disputar la distribución del ingreso y la riqueza.
El gobierno nacional promueve una reforma laboral bajo la retórica de la «modernización», pero los críticos sostienen que oculta un programa destinado a abaratar el trabajo, facilitar el despido, limitar el poder de los sindicatos, y descentralizar la negociación colectiva. La experiencia internacional y la historia argentina demuestran que las reformas flexibilizadoras no generan más empleo ni reducen la informalidad; por el contrario, amplían la desigualdad y precarizan el trabajo. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que las reformas legales que reducen la protección no llevan a una formalización sostenible.
El informe subraya que una reforma laboral ya se está instalando «de hecho» debido a las transformaciones del capitalismo contemporáneo, la financiarización, y los nuevos modelos de negocio que han multiplicado formas de trabajo que operan fuera del marco de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Ante esto, la meta no es solo resistir la pérdida de derechos, sino «ampliar su alcance».
El diagnóstico central es que Argentina vive en un capitalismo de base rentista que ha concentrado la riqueza. Por ello, cualquier solución integral debe orientarse a revalorizar el trabajo y recomponer los derechos sociales. Esto requiere construir pilares universales de garantía de ingresos, provisión de derechos básicos (salud, previsión, cuidados) y asegurar la corresponsabilidad empresarial y estatal en el financiamiento.
Para lograrlo, el informe exige tres transformaciones estructurales: 1) Gravar las grandes fortunas, las rentas extraordinarias y las ganancias de las principales corporaciones. 2) Reducir la jornada laboral y reorganizar los tiempos de trabajo y formación. 3) Universalizar ingresos, derechos y seguridad social.
Las diez propuestas de políticas públicas para la ampliación de derechos
El documento establece diez iniciativas clave para configurar un nuevo esquema laboral capaz de sostener el trabajo con derechos en el siglo XXI:
- Renta Básica Universal (RBU)
- Proponen universalizar ingresos de manera incondicional, concebido no como un subsidio asistencial, sino como un reconocimiento a la contribución colectiva a la producción de valor en la sociedad contemporánea. En una primera etapa, se propone un ingreso básico universal, equivalente al valor de una canasta alimentaria, para todos los trabajadores que no dispongan de ingresos registrados, incluyendo a los monotributistas de menores ingresos. Se financiaría con rentas extraordinarias, utilidades del capital y grandes patrimonios.
- Área de Economía Pública y Social
- Busca garantizar la protección social mediante servicios públicos universales de alta calidad. Se requiere crear un Área de Economía Pública y Social para movilizar inversión y generar empleo. Esta área coordinaría un plan federal de inversión social gestionado de forma participativa, centrado en el fortalecimiento de la red de hospitales, la construcción de viviendas, la conformación de una red pública de cuidados (guarderías, geriátricos) y la recomposición de la infraestructura cultural y educativa.
- Reducción de la jornada laboral
- Es una reivindicación histórica necesaria para poner fin a la sobreexplotación y redistribuir el excedente derivado del cambio tecnológico. Se señala que la sobre-jornada laboral de los 2.3 millones de asalariados formales que trabajan más de 45 horas semanales podría, si se redistribuyera, generar aproximadamente 635 mil nuevos puestos de trabajo. Para que sea efectiva, debe ir acompañada de la garantía de ingresos para el sector informal y cuentapropista.
- Seguro de empleo y formación
- Impulsa un sistema de seguro que permita reducir sustancialmente el tiempo de trabajo, combinándolo con períodos de capacitación continua, sin pérdida del nivel salarial. La formación debe ser un derecho y no una responsabilidad individual. Se incorporaría dentro del sistema de seguridad social y convenios colectivos, garantizando cobertura salarial y previsional durante los períodos de formación. Esto es vital para enfrentar la doble exigencia del cambio tecnológico (menor uso de fuerza de trabajo, mayor demanda de calificación).
- Mesas de concertación sectoriales
- Su objetivo es romper la concentración de productividad, democratizar la información económica y fortalecer la negociación colectiva frente a la estructura oligopólica de la economía argentina. Estas mesas (con participación de sindicatos, empresas, Estado y universidades) accederían a balances y estructuras de costos, para negociar la distribución y el destino del excedente (hacia mejoras salariales o fondos de formación).
- Regulación de las relaciones de dependencia encubiertas como no asalariadas
- Se centra en el caso paradigmático de los trabajadores de plataformas digitales. Reconocimiento explícito de que se trata de una relación laboral de dependencia, garantizando derechos básicos (salario mínimo, cobertura de riesgos, licencias, jubilación, derecho a la sindicalización y negociación colectiva). También se exige transparencia sobre los algoritmos de asignación y evaluación.
- Una regulación efectiva de las relaciones de subcontratación laboral
- Busca evitar que la tercerización sea utilizada por grandes y medianas empresas para conformar un segmento de trabajadores con menores costos y menor capacidad de organización sindical. Cuando las tareas subcontratadas sean necesarias para el funcionamiento habitual de la empresa principal, debe garantizarse la aplicación del convenio colectivo de la actividad principal y las mismas condiciones de salario y protección.
- Un seguro colectivo universal autogestionado para el trabajo sin patrón
- Aborda el amplio y heterogéneo universo de trabajadores que prestan servicios para múltiples clientes y carecen de tutela laboral, como cuentapropistas, profesionales independientes y trabajadores de la economía popular. Creación de Cajas de Protección Social del Trabajo Autónomo como fondos solidarios de garantía de ingresos para cubrir contingencias (enfermedad, inactividad temporal, cuidado familiar, maternidad o descanso anual). Se financiarían con aportes proporcionales de los trabajadores y una contribución estatal proveniente de las rentas extraordinarias del capital.
- Política integral de cuidados
- Reconociendo que la organización del cuidado es un núcleo persistente de desigualdad, se requiere una política que redistribuya el tiempo de cuidado entre géneros, familias, empresas y Estado. Contemplar licencias igualitarias, la creación de guarderías, espacios para el cuidado de personas y compensaciones equivalentes, asegurando la plena participación de las mujeres en el trabajo.
- Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) equivalente a la canasta de un trabajador/a sin carga de familia
- Exige cumplir el mandato legal de que el SMVM garantice la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vivienda, salud, educación, etc.). Actualmente, el salario mínimo real está muy por debajo del costo de la canasta básica individual. El Área de Economía Pública y Social (propuesta 2) podría actuar como referencia efectiva para la fijación del salario mínimo, al establecer remuneraciones acordes a las necesidades reales de reproducción del trabajo.
Financiamiento: la disputa tributaria
El informe enfatiza que la agenda de derechos propuesta solo es viable mediante una profunda reforma tributaria progresiva. Se observa que las grandes corporaciones declaran una rentabilidad sustancialmente menor a la esperable, evadiendo o eludiendo cerca del 20% del tributo potencial, mientras el 1% más rico capta el 25% de la riqueza.
Las propuestas fiscales de emergencia buscan combatir la elusión estructural:
- Impuesto a las grandes fortunas: Una sobrealícuota escalonada del Impuesto a los Bienes Personales para patrimonios superiores a un millón de dólares. Esta medida alcanzaría a solo el 0,07% de la población (32.534 contribuyentes) y permitiría recaudar aproximadamente USD 4.007 millones.
- Tributación presunta basada en el volumen de negocios: Se aplicaría como anticipo del Impuesto a las Ganancias para las 500 empresas más grandes, lo que generaría USD 6.062 millones adicionales.
- Otros ejes: Implementar alícuotas más altas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas en sectores extractivos o financieros (alícuotas diferenciales por tipo de actividad). Además, se busca gravar las rentas de servicios digitales generadas en el país (plataformas extranjeras) y aumentar la carga impositiva sobre rentas financieras y del capital.
En conclusión, el documento argumenta que el desafío es construir un sistema de seguridad laboral que combine tiempo de empleo con tiempo de formación, captando y redistribuyendo la productividad social que hoy se concentra en pocas manos privadas, revirtiendo así la degradación de derechos que generó el capitalismo contemporáneo.
