La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó este lunes una ofensiva frontal contra la reforma laboral recientemente aprobada por el Congreso. Bajo la consigna “Defender el trabajo también es defender la Constitución”, la central obrera se concentró frente al Palacio de Tribunales para presentar un recurso de amparo que busca declarar la inconstitucionalidad de la nueva normativa, la cual consideran un retroceso histórico en materia de derechos.
La movilización, que comenzó a las 11 de la mañana en Plaza Lavalle, representa el inicio de una «estrategia gremial» destinada a judicializar la ley antes de que el Poder Ejecutivo complete su promulgación y publicación en el Boletín Oficial. Los líderes de la central, entre ellos Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, encabezaron la medida para respaldar el planteo legal que apunta a suspender la vigencia de la norma de manera inmediata.
Los argumentos de la inconstitucionalidad
El eje central del reclamo de la CGT se basa en la violación del Principio de Progresividad o No Regresión. Según la central obrera, una vez que un derecho laboral ha sido reconocido, no puede ser eliminado ni recortado, sino únicamente mejorado. La demanda sostiene que la legislación impulsada por el Gobierno nacional es «regresiva» y vulnera garantías consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Además, el equipo legal de la central invoca el Principio Protectorio, que reconoce la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, advirtiendo que la reforma afecta gravemente tanto derechos colectivos como individuales.
Los artículos en la mira
La presentación judicial cuestiona específicamente una serie de puntos que la CGT califica como «una afectación grave»:
- Limitación del derecho a huelga (Art. 98): Este artículo amplía de forma generalizada las actividades consideradas “esenciales”, obligando a garantizar entre el 50% y el 75% de los servicios durante una protesta. Para Pablo Topet, asesor legal de la central, esto representa de facto una “prohibición de las huelgas”.
- Restricción de asambleas (Art. 133 y 141): Se limita la realización de asambleas en horarios y ámbitos laborales, y se tipifica su convocatoria como “prácticas desleales”.
- Penalización de protestas (Art. 134): Define los bloqueos a empresas como “infracciones muy graves”, lo que facilita acciones judiciales contra los sindicatos.
- Persecución sindical (Art. 142 y 143): Habilita querellas que podrían derivar en multas millonarias sobre los ingresos sindicales e incluso la pérdida de la personería gremial.
Desde las escalinatas de Tribunales y en declaraciones a los medios, los referentes gremiales dejaron clara su postura. Jorge Sola, uno de los secretarios generales, subrayó la importancia de la división de poderes: “El resorte republicano de la Justicia es el que debe actuar cuando el Congreso sanciona leyes que violan la Constitución”.
Asimismo, Sola vinculó la reforma con presiones externas y el deterioro de la situación económica, denunciando que “detrás de la reforma laboral está el FMI y el quiebre del tejido social”.
Por su parte, la CGT utilizó sus canales oficiales para ratificar que esta acción judicial no es un hecho aislado, sino parte de una resistencia planificada: “La acción forma parte de nuestra estrategia gremial: defender derechos constitucionales y señalar que la legislación impulsada por el Gobierno nacional es regresiva para las y los trabajadores”.
La elección del fuero contencioso administrativo para presentar la demanda marca una hoja de ruta definida por la conducción cegetista, aunque los sectores más combativos del sindicalismo presionan para avanzar también por la vía laboral para bloquear el texto. Esta movida busca replicar el éxito obtenido a fines de 2023, cuando un amparo similar logró frenar el capítulo laboral del DNU 70/2023.
El contexto económico también alimenta el conflicto: la CGT destacó que, tras dos años de gestión de Milei, 11 de las 14 ramas de actividad presentan datos negativos de empleo. En este escenario, la central obrera reafirma su rol opositor, aclarando que “la CGT no gobierna ni gobernó” y que su función actual es evitar lo que consideran un desmantelamiento de la justicia social en Argentina.
