En un giro determinante para el conflicto que mantiene paralizada la única fábrica de neumáticos para transporte pesado en Argentina, la Justicia falló a favor de los trabajadores de FATE. El Juzgado Laboral N°17, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández, dictó una medida cautelar que impone un embargo preventivo de aproximadamente tres mil millones de pesos sobre la empresa de la familia Madanes Quintanilla. Esta resolución busca garantizar el pago de los salarios adeudados a los operarios desde el cierre de la planta el pasado 18 de febrero hasta el próximo mes de junio.
La movilización de los trabajadores, que partió desde el tribunal laboral hasta la Plaza de Mayo, celebró el fallo como una victoria frente a lo que consideran un «lock-out» patronal. Según el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la empresa incumplió la conciliación obligatoria y el convenio de estabilidad firmado en mayo de 2025, el cual garantizaba los puestos de trabajo hasta fines de este año a cambio de beneficios impositivos.
Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, fue contundente frente a las puertas del juzgado: “Acaba de surgir el embargo, cerca de $ 3.000 millones sobre FATE por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y actuar en forma irresponsable sobre un bien como las ruedas para camiones y colectivos”. El dirigente agregó que la empresa debe aprender que su titular, Javier Madanes Quintanilla, “no puede quedar como uno de los villanos más grandes de la historia, cuando decía que era un industrial y no un empresario”.
Por su parte, el letrado del sindicato, Eduardo Penello, detalló el alcance de la medida: “Tienen que pagar con los fondos que tengan, le van a embargar $ 3.000 millones por los sueldos comprendidos desde febrero a julio para la totalidad de los trabajadores que figuraban en el convenio”. El monto total incluye $2.600 millones en haberes y otros $300 millones destinados a las costas del juicio.
Un conflicto de soberanía nacional
Desde el gremio advierten que el cierre de la planta de San Fernando no es solo un problema laboral, sino un riesgo para la soberanía nacional. Crespo denunció que “se está dejando crecer el pasto sobre la única fábrica que produce cubierta para camión y colectivo en el país”, lo que podría generar un desabastecimiento crítico para la logística de mercaderías y materias primas.
En la vereda opuesta, el gobierno nacional ha mostrado una postura crítica hacia la firma. El ministro de Economía, Luis Caputo, arremetió contra FATE señalando su incapacidad para competir en un mercado abierto: “Si no caza más en el zoológico, cierra”, sentenció, haciendo referencia a la reconversión industrial impulsada por la gestión actual.
El pedido a Kicillof: Intervención u ocupación
Tras más de 50 días de conflicto y con los trabajadores permaneciendo dentro del predio, el SUTNA ha elevado la presión sobre el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El gremio presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar la ocupación temporaria de la fábrica y que el Estado provincial la ponga en marcha para garantizar el funcionamiento de un bien estratégico.
Crespo cuestionó la falta de respuesta del mandatario provincial: “Kicillof todavía no nos ha respondido al pedido de reunión; tiene que encabezar la oposición y no puede quedar a la derecha de lo que es la justicia argentina”. Asimismo, insistió en que la gobernación debe intervenir el directorio para evitar un «desastre social» y que el país se convierta en una “colonia dependiente de las importaciones”.
Mientras la empresa FATE solicitó formalmente que no se extienda la conciliación obligatoria —alegando que solo 239 contratos permanecen activos y el resto ha negociado desvinculaciones—, el sindicato y la Justicia mantienen firme el reclamo por los 920 trabajadores que quedaron en la calle de forma sorpresiva. La lucha de FATE, según Crespo, es solo “la punta del iceberg de muchas peleas que se dan en otras fábricas” en un contexto que calificó como «muy anti obrera»
