En una muestra de unidad, la Confederación General del Trabajo (CGT), ambas vertientes de la CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y la UTEP han conformado un bloque sólido para rechazar el proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» impulsado por el Gobierno Nacional. Bajo la consigna de que la iniciativa representa un riesgo terminal para la soberanía territorial y los recursos estratégicos, las centrales obreras han convocado a una movilización masiva al Congreso para este 6 de agosto, advirtiendo que el proyecto busca facilitar un «remate» del patrimonio nacional.
La Tierra como recurso estratégico, no como mercancía
El eje central del rechazo sindical radica en la concepción de la tierra. Para la CGT, el proyecto oficialista comete el error de tratar el suelo argentino meramente como un activo financiero o una propiedad privada transable. «La tierra es mucho más que una propiedad. Es territorio, trabajo, alimento, generación de empleo, producción, medio ambiente y soberanía«, manifestaron desde la central de la calle Azopardo.
Uno de los triunviros de la CGT, Cristian Jerónimo, fue tajante al señalar que esta normativa «permite que tres o cuatro millonarios se queden con la Argentina» (…) «le están poniendo el cartel de venta a la Argentina”. El dirigente recordó el conflicto en Lago Escondido como un antecedente peligroso de lo que sucede cuando se flexibilizan las condiciones de propiedad en zonas de alto valor estratégico.
La «trampa» de los porcentajes: El riesgo de extranjerización
Uno de los puntos más debatidos es la modificación de la Ley de Tierras (Ley 26.737) de 2011, que actualmente limita al 15% la propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental. El Gobierno ha intentado suavizar el impacto del nuevo proyecto introduciendo un límite del 25% de propiedad extranjera, pero únicamente a nivel provincial.
Desde el Observatorio de Tierras, el especialista Matías Oberlin advierte que este cambio es una «estrategia para confundir». Según Oberlin, el problema real no es el promedio provincial, sino la concentración departamental. «Podrían vender toda la cordillera o el Paraná y el promedio provincial no llegaría a ese 25%», explicó, señalando que ya existen «36 puntos rojos» en el mapa donde el límite del 15% ha sido superado.
Por su parte, Antonio Marcilese, Director de Políticas Soberanas de la CTA-A, subrayó que Argentina ya cuenta con 13 millones de hectáreas en manos extranjeras —una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe o a todo el territorio de Inglaterra— y que no hay necesidad de vender más patrimonio.
Recursos naturales y seguridad nacional en peligro
El gremialismo también puso el foco en la desprotección de los bienes comunes. La nueva ley eliminaría las restricciones para adquirir inmuebles que contengan o limiten con cuerpos de agua dulce, como ríos, lagos y acuíferos. «¡No hay soberanía sin control sobre nuestro territorio!», advierten las centrales sindicales, señalando que el control de recursos vitales podría quedar supeditado a intereses privados extranjeros.
Asimismo, se alertó sobre la liberalización en las zonas de seguridad de frontera. Según los críticos, reducir la presencia estatal en estas áreas críticas no solo debilita la defensa nacional, sino que podría favorecer el crecimiento del delito organizado y la violencia al evadir controles estatales.
Un proyecto con múltiples frentes: vivienda y medio ambiente
El análisis sindical destaca que la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» funciona como una «Ley Ómnibus» que afecta otros derechos fundamentales:
- Vivienda e Inquilinos: El proyecto vulnera el derecho a la vivienda de 11 millones de hogares inquilinos al eliminar garantías en los juicios de desalojo y facilitar la entrega inmediata del inmueble en casos de falta de pago.
- Manejo del Fuego: Se denunció la eliminación de la prohibición de cambio de uso de suelo tras incendios forestales. Esto, según los sindicatos, habilitaría negocios inmobiliarios y agropecuarios en áreas quemadas que antes estaban protegidas por periodos de hasta 60 años.
- Expropiaciones: Se restringe la capacidad del Estado para declarar de utilidad pública recursos estratégicos, encareciendo las indemnizaciones y exigiendo pagos previos íntegros que podrían paralizar la planificación estatal.
El plan de lucha: «La Patria no se vende»
Hugo «Cachorro» Godoy, titular de la CTA Autónoma, calificó la iniciativa como una «infame traición a la patria» y una clara intención de «fracturar y balcanizar a la Argentina». Godoy confirmó que la protesta del 6 de agosto es parte de un plan de lucha federal que se articulará con la tradicional marcha de San Cayetano el 7 de agosto, bajo la consigna de «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo».
En este escenario de creciente conflictividad, las centrales obreras han dejado claro que la batalla por la Ley de Tierras es, en última instancia, una disputa por el modelo de país. Como resume el comunicado de la CGT, Argentina necesita un «Estado presente, inteligente y eficaz» que proteja no solo la propiedad, sino también a quienes trabajan y producen en el suelo nacional.
