El Gobierno Nacional, a través del ministro de Economía Luis Caputo y el vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó ante el establishment reunido en el 61° Coloquio de IDEA que impulsará un paquete de reformas estructurales, siendo la reforma laboral un pilar «fundamental». No obstante, la iniciativa, que el Ejecutivo espera debatir con el nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre, ha generado un fuerte rechazo en el ámbito sindical y político opositor, que la califica de «regresiva» y orientada a la quita de derechos.
El paquete, que se presentaría formalmente tras las elecciones del 26 de octubre, busca desregular el mercado de trabajo bajo la premisa de terminar con lo que los funcionarios llaman un régimen «arcaico, rígido e imprevisible» que, según afirman, impide la creación de empleo desde 2011.
Declaraciones oficiales
Los funcionarios del gobierno nacional justificaron la urgencia de los cambios, señalando que son necesarios para acompañar el «dinamismo económico» y mejorar la competitividad de la economía argentina.
Luis Caputo, Ministro de Economía, afirmó que «la reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen arcaico». Subrayó que esta rigidez es la causa por la cual «el empleo no crece desde 2011». El objetivo central es lograr un sistema «más ágil y más dinámico».
Javier Milei, cuyo mensaje fue transmitido por el vocero Adorni, reconoció que se necesita que las empresas «quieran y puedan contratar» y defendió que la iniciativa busca motorizar la creación de «cientos de miles de puestos de trabajo en blanco en el sector privado». El Presidente señaló que la «incertidumbre jurídica» y el alto costo laboral han empujado a trabajadores a la informalidad.
Manuel Adorni se mostró contundente, aludiendo que «emplear a un obrero no debe significar adoptar«. También prometió una «verdadera revolución productiva», remitiéndose a un eslogan de gestiones pasadas como la de Carlos Menem en 1989.
La “Reforma” empujada por el gobierno y puntos de conflicto
Los principales lineamientos de la reforma anunciados por el Ejecutivo, que han generado la mayor preocupación entre los críticos, incluyen:
- Eliminación de la «Industria del juicio laboral»: El Gobierno busca terminar «de una vez y para siempre con la nefasta industria de juicio», apuntando a «quitarles poder a los caranchos laboralistas» y eliminar la “discrecionalidad” de los jueces laborales en la imposición de altas tasas de interés.
- Modificación de la negociación colectiva: Se busca impulsar la «negociación libre entre las cámaras y los sindicatos» y adecuar los marcos contractuales. La oposición sindical interpreta esto como la eliminación de los convenios colectivos de trabajo (CCT) y el reemplazo de las mesas paritarias.
- Sistema de banco de horas y fin de horas extra: Se prevé la incorporación de un «sistema de banco de horas» que permite la compensación de jornadas variables para responder a demandas estacionales, reemplazando el pago de horas extras y, de hecho, eliminando el horario fijo de trabajo.
- Flexibilidad contractual y moneda: Se otorgarán mayores libertades para pactar contratos, incluyendo la posibilidad de fijar el contrato en la moneda que ambas partes decidan, sin tope, permitiendo que el 100% del salario se cobre en dólares si se acuerda.
- Reemplazo de la Indemnización: Aunque no se detalla en todos los anuncios, se mencionó la intención de terminar con la indemnización por despido o su reemplazo por un «fondo de cese», un antecedente que ya ha circulado en normativas secundarias.
Voces críticas. Reacciones y análisis de la oposición
Desde la vereda sindical y la oposición política, la visión es que la reforma constituye un retroceso de derechos que solo profundizará la inestabilidad y el estancamiento económico.
El candidato a diputado por Fuerza Patria, Jorge Taiana criticó que la propuesta «retroceda en derechos y profundiza la precarización». El senador Mariano Recalde fue tajante, asegurando que los anuncios buscan «bajar el salario, permitir que los empresarios puedan despedir sin indemnización y contratar trabajadores sin derechos«. Recalde concluyó que la única forma de crear empleo es «desarrollar el país, fortalecer la industria y aumentar el nivel de actividad».
El informe interno que circula en la CGT, basado en evidencia de organismos internacionales (OIT, CEPAL), advierte que las reformas centradas en la reducción de costos laborales «no garantizan mayor eficiencia ni creación sostenida de empleo formal». Por el contrario, tenderán a «aumentar la rotación, la informalidad y la desigualdad».
Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, argumentó que la cantidad de juicios laborales es «ínfima» en comparación con las violaciones a los derechos laborales. Señaló que la mayoría de los reclamos se evitarían si los empleadores cumplieran con la ley. Y señaló que “el problema es otro: muchas empresas, sobre todo PyMES, tienen niveles de rentabilidad muy bajos debido a múltiples factores: tipo de cambio, infraestructura deficiente, mercado interno cada vez más pequeño, etc”.
Gustavo Ciampa, abogado laboralista, enfatizó que la legislación laboral preserva la dignidad, pero «lo que genera empleo es una política económica acertada». La destrucción de empleo actual se debe al «fracaso de la política económica del Gobierno».
Mientras el Gobierno intenta «volver a enamorar a los empresarios» con la promesa de desburocratización y un marco «claro, simple y predecible», la oposición y el sindicalismo alertan que la verdadera meta es la flexibilización contractual, el debilitamiento sindical y la eliminación de protecciones históricas, lo que se traduciría en una mayor precarización del trabajo argentino.
En un mercado laboral cada vez más informal, donde se alcanzó el 43,2% del total de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2025. Y un contexto de destrucción del empleo, desde la asunción del gobierno, donde se han perdido unos 200 mil puestos de trabajo, y el salario formal se deterioró notablemente.
