Con la publicación del Decreto 1203/2026, una resolución firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se anunció un nuevo plan de retiros voluntarios para empleados estatales, con el que busca reducir hasta 20.000 puestos de trabajo. En las oficinas de la Administración Pública Nacional, el texto oficial confirmó lo que se venía gestando en los pasillos oficiales: la apertura de un nuevo régimen de retiros voluntarios destinado a empleados de planta permanente y personal con contratos por tiempo indeterminado. Desde ATE denunciaron que “no es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social
El objetivo trazado por la Casa Rosada apunta a podar aproximadamente 20.000 puestos de trabajo. La medida no ocurre en el vacío: entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la planta del sector público ya había registrado una contracción de 72.440 empleos. La nueva ventana de inscripción abrirá formalmente el 1° de noviembre y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026, guardándose la Secretaría de Transformación del Estado la facultad de prorrogarla por 30 días más hasta fin de año.
Las rejas de la «puerta giratoria» y el cálculo de la salida
A diferencia de procesos históricos del pasado, este diseño normativo incluye un cerrojo administrativo sin margen de maniobra: las dependencias estatales tienen la obligación imperativa de eliminar los cargos presupuestarios que queden vacantes, clausurando cualquier posibilidad de reemplazo posterior. Además, se dictó la inhabilitación absoluta para reingresar al Sector Público Nacional bajo cualquier modalidad laboral durante un plazo de 8 años. «Para evitar una puerta giratoria, quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente)», fundamentó el propio Sturzenegger desde su cuenta en la red social X.
Para incentivar la salida, el Gobierno segmentó a los trabajadores en tres franjas de antigüedad y edad:
- Próximos a jubilarse sin aportes completos: Aquellos a quienes les falten dos años o menos para la edad jubilatoria pero no completen los 30 años de aportes podrán optar entre cobrar el 60% de su sueldo bruto mensual por hasta 36 meses (manteniendo obra social y aportes) o percibir un pago único de un sueldo bruto por año trabajado (con un tope de 18 salarios).
- Cercanos al retiro con 30 años de aportes (Hombres de 63-64 años / Mujeres de 58-64 años): Recibirán un sueldo bruto por cada año de antigüedad (hasta 18 sueldos) más un bono fijo extraordinario de 5 salarios.
- Trabajadores más jóvenes (Mujeres menores de 58 años / Hombres menores de 63 años): Tendrán una gratificación de un sueldo bruto por año de antigüedad (hasta un tope de 20 salarios), sumado a un plus de 4 sueldos extra si tienen menos de 15 años de servicio o de 5 sueldos extra si superan los 15 años de trayectoria.
El mapa de exclusiones también quedó delimitado de forma estricta. Quedan al margen del beneficio las Fuerzas Armadas, de Seguridad, la SIDE, el Servicio Exterior, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Manejo del Fuego, los cuerpos artísticos nacionales y el personal docente o civil en el exterior. Tampoco podrán adherir quienes enfrenten sumarios disciplinarios, procesamientos por delitos contra la administración pública, juicios activos contra el Estado sin renuncia expresa previa, o quienes ya hayan iniciado su trámite jubilatorio o estén en disponibilidad.
«No es retiro, es despido extorsivo»
En las sedes sindicales, la respuesta al decreto fue inmediata y virulenta. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó en forma tajante la propuesta gubernamental y convocó a una movilización para este miércoles a las 17 horas hacia la Quinta Presidencial de Olivos bajo la consigna «No se aguanta más».
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue tajante al describir la atmósfera en las oficinas públicas: «No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social». Para el dirigente, la trampa del consentimiento libre se rompe cuando la alternativa planteada desde los despachos es el pase a disponibilidad o el cesanteo directo.
Aguiar cuestionó la efectividad del ahorro fiscal anunciado y lanzó una acusación frontal contra la conducción del Ministerio de Desregulación: «Detrás está el negocio de las consultoras privadas». Según denunció el gremialista, la eliminación de vacantes y el vaciamiento de personal técnico entrenado terminará abriendo la contratación de firmas privadas afines que cobrarán honorarios millonarios para realizar las mismas funciones. Al evocar las políticas de reestructuración de la década de 1990, advirtió que el congelamiento de vacantes privará a millones de ciudadanos de servicios públicos esenciales y prometió mantener la resistencia en la calle.
Además, ATE se movilizará en reclamo por:
- Pérdida del poder adquisitivo;
- Caída del salario real;
- Paritarias por debajo de la inflación;
- Deterioro de los ingresos;
- Pluriempleo y endeudamiento;
- Desvalorización de la carrera estatal;
- Despidos y no renovación de contratos;
- Incertidumbre laboral;
- Reducción de puestos de planta;
- Cierre y vaciamiento de organismos públicos.
“A este plan lo vamos a enfrentar con medidas de acción directas. No podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
