Entre el ahogo presupuestario y la tensión en las calles: las claves de la crisis universitaria en Argentina
La Quinta Marcha Federal Universitaria expuso la profunda brecha entre la pauta presupuestaria de la gestión nacional y las demandas de la comunidad educativa, en una jornada marcada por reclamos salariales, la falta de quórum en el Congreso y un duro operativo de seguridad.
Bajo un temporal persistente y en el marco de un clima político convulsionado, la Quinta Marcha Federal Universitaria volvió a convertir las plazas del país en el escenario de una masiva demostración ciudadana. Convocada de manera unificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la jornada movilizó a cerca de un millón de personas en todo el territorio nacional bajo la consigna irrestricta de defender la educación pública y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En la jornada se sumaron diversos sectores del mundo sindical, social y político como las dos CTA, CTERA, ATE, CGT y gremios de la salud y de la ciencia y técnica.
Frente al Congreso de la Nación, la manifestación alcanzó su punto de mayor tensión política cuando la sesión en la Cámara de Diputados se cayó por falta de quórum para debatir el DNU 70/2023, mientras en los alrededores un imponente operativo de las fuerzas de seguridad desencadenó una prolongada e innetendible represión, al tratarse de una convocatoria masiva y pacífica.
La anatomía del desfasaje: millones en disputa y salarios en mínimo histórico
Detrás de la marea humana que cubrió la Avenidas de Mayo, Rivadavia y Callao, pero tambiñen multiples calles y plazas de todo el país, el núcleo del conflicto radica en una brecha presupuestaria estructural. La propuesta del Gobierno nacional para el Presupuesto 2027 asigna a las casas de altos estudios un total de 7,2 billones de pesos, cifra que el titular del CIN, Franco Bartolacci, calificó de severamente insuficiente al precisar que, para cumplir con lo establecido por la ley, la partida debería alcanzar los 9,7 billones de pesos. Esta diferencia de 2,5 billones de pesos —un 34% superior a la proyección oficial— coincide con los análisis técnicos de la consultora Zentrix, que calculó en 2,45 billones de pesos el costo adicional de aplicar la medida cautelar ratificada por la Corte Suprema. El mismo estudio privado aclaró que el cumplimiento del requerimiento universitario no pondría en riesgo el superávit fiscal, ya que existen 7,68 billones de pesos en obligaciones del Tesoro sin asignación específica, al tiempo que el proyecto gubernamental destina a las universidades menos del 1% del PBI, registrando la proporción más baja de la historia reciente.
Esta restricción financiera golpea de manera directa a la masa salarial, que representa el 87% del presupuesto universitario total. Según mediciones del Grupo Economía Política y Ciencia (EPC-CIICTI), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026 la inflación acumulada según el IPC-INDEC fue del 344,4%, mientras que los salarios de docentes y nodocentes apenas registraron una suba nominal del 236,6%, lo que implica una pérdida real del poder adquisitivo del 24,3%. Para retornar al nivel de ingresos previo a la actual gestión, los sueldos universitarios requieren una recomposición nominal de al menos el 32%, cifra que dirigentes sindicales como Francisca Staiti (CONADU Histórica) elevan al 33% y Carlos De Feo ubica en un 40% acumulado, graficando que un docente que se inicia con un cargo de 10 horas cátedra percibe apenas $300.000 mensuales. La sangría de ingresos se extiende al sistema científico: los salarios y estipendios en el CONICET arrastran un retraso del 67,6%, mientras que los profesionales amparados por el convenio SINEP en organismos estratégicos como el INTA, el INTI, la CONAE y el Servicio Meteorológico Nacional acumulan una pérdida del 32%.
Las voces en el epicentro
A lo largo de la movilización, dirigentes gremiales, académicos y funcionarios del Poder Ejecutivo expusieron los argumentos de una contienda que trasciende lo económico. Durante una reunión previa con legisladores, Sonia Alesso, Secretaria General de CTERA, denunció con dureza el impacto de las medidas oficiales: “Estamos frente a un ajuste brutal sobre la educación pública y las universidades nacionales… No hay futuro posible para nuestro país sin inversión educativa, sin universidades públicas y sin salarios dignos”. En las calles, la multitudinaria respuesta fue evaluada por Daniel Ricci, titular de FEDUN, como un testimonio incontrastable de apoyo popular: “Volvimos a llenar las calles de la Argentina en defensa de la universidad pública y para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”.
A medida que el aire alrededor del Congreso se volvía irrespirable por los gases lacrimógenos, las declaraciones ganaron en dramatismo. Desde el escenario principal, minutos antes de que el acto debiera ser levantado antes de tiempo, Joaquín Carvalho, referente de la FUA, proclamó enfáticamente: “Vamos a dejar la vida por la universidad pública, el presidente se va a ir de la Casa Rosada y nosotros vamos a seguir acá, porque somos la democracia, somos la universidad pública”. Por su parte, la mirada de los trabajadores nodocentes fue sintetizada por Julián Di Silvestro (ATUNLA/FATUN), quien caracterizó el accionar de las fuerzas de seguridad como “la manifestación de impotencia ante la expresión popular en democracia, la libertad de salir y manifestar nuestras posiciones”.
En la vereda opuesta, la narrativa oficial buscó deslegitimar las demandas y focalizar la atención en los desórdenes de la vía pública. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, justificó el despliegue policial al señalar a través de redes sociales que “los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”. Sin embargo, en el documento unificado leído por el CIN, la FUA y el Frente Sindical, la comunidad universitaria dejó plasmada su visión colectiva: “Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social”.
Las dos hipótesis en pugna: voluntad política versus ordenamiento fiscal
El desarrollo del conflicto institucional permite trazar una hipótesis respecto al accionar del gobierno del Estado. Desde la perspectiva de las universidades, los sindicatos y diversas resoluciones judiciales, la negativa a girar los fondos aprobados por la Ley de Financiamiento no responde a una restricción imprevista de recursos, sino a una deliberada decisión política. Esta postura sostiene que la administración nacional apela de forma sistemática a gobernar mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (como el DNU 70/23) para esquivar el debate parlamentario y eludir fallos adversos del Poder Judicial, llegando al extremo de incurrir en apercibimientos y multas pecuniarias impuestas a funcionarios como el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Por el contrario, la hipótesis planteada por el Gobierno nacional sostiene que el congelamiento o la reestructuración del gasto es una condición innegociable para garantizar la estabilidad macroeconómica y la transparencia del Estado. Bajo este argumento, el Ejecutivo condiciona cualquier revisión de partidas al cumplimiento de auditorías estrictas, plasmadas en la reciente exigencia publicada en el Boletín Oficial para que las universidades presenten sus planes de trabajo 2027 ante la SIGEN. El argumento de las auditorias presenta una enorme debilidad porque no hay ninguna oposición a realizarlas por parte de las casas de estudios, incluso las realizan. Y es el gobierno quien utiliza el argumento pero no lleva adelante ninguna medida ni tiene pruebas de sus propias denuncias. Asimismo, el relato oficial encuadra las protestas masivas como maniobras impulsadas por grupos opositores para desestabilizar el orden institucional.
Un reclamo transversal que culminó en un grave saldo represivo
Lejos de circunscribirse al ámbito académico, la Quinta Marcha Federal funcionó como un canalizador amplio donde convergieron demandas de jubilados, personas con discapacidad, organizaciones sociales como la UTEP, las centrales obreras (CGT y CTAs) y excombatientes de Malvinas. No obstante, la manifestación pacífica en las inmediaciones del Congreso derivó en un feroz escenario de represión tras el accionar de efectivos de la Policía de la Ciudad, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Según reportes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), las fuerzas de seguridad dispararon más de 120 granadas de gas lacrimógeno, proyectiles de goma, gas pimienta y miles de litros de agua a presión desde camiones hidrantes.
El saldo de la jornada dejó al menos 550 personas atendidas por los equipos de emergencia tras sufrir los efectos de los químicos y las postas de goma. Entre los afectados se contabilizaron 50 trabajadores de prensa, 16 integrantes de los equipos de monitoreo de derechos humanos y una veintena de socorristas de las postas sanitarias. Asimismo, las autoridades policiales confirmaron la detención de seis personas bajo los cargos de atentado y resistencia a la autoridad. La gravedad del operativo incluyó la aprehensión en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre de un niño de 14 años, además de un adolescente de 17 años, hecho que derivó en duras denuncias por violencia institucional y abrió un nuevo capítulo de conmoción en un conflicto que dista mucho de haber encontrado su resolución.
