Por María Alejandra Esponda (Fuente: www.historiaobrera.com.ar)
La dictadura que no sólo apretó el bolsillo de los y las trabajadoras
Dimensionar el ataque económico a la clase trabajadora que llevó a cabo la última dictadura militar ofrece claves para comprender la ofensiva actual de las clases dominantes en nuestro país.
El salario varía históricamente, y en algunos momentos, puede rozar el límite mismo de la supervivencia. Esto sucedió en la dictadura gracias a la implementación de una violencia represiva extrema, tanto estatal como patronal, contra los y las trabajadoras y sus organizaciones.
Durante la última dictadura cayó el salario real y el indirecto –formado por gastos que el Estado realiza y que derivan en un mayor acceso social a bienes y servicios–. Esto afectó directamente la calidad de vida y las posibilidades de proyección a futuro. Algunos datos: el salario real cayó casi un 40% respecto de 1974, se cerraron más de 20.000 establecimientos fabriles, disminuyó la actividad manufacturera y su importancia en la economía. Se perdieron aproximadamente 800.000 puestos de trabajo sólo en el sector industrial, a la vez que aumentó la productividad laboral (entre 1976 y 1990 en un 37%). Esos puestos de trabajo destruidos habrían de equivaler a la totalidad de personas desocupadas en 1990. Se consolidó una tendencia difícil de revertir: la caída abrupta de la participación de los y las asalariadas en la distribución del ingreso, es decir, de la porción que éstos reciben de la riqueza generada, pasando de 45 puntos a favor en 1974, a 25 en 1977.
La desindustrialización marcó un camino de desocupación, subocupación y precarización del empleo por la vía de nuevas modalidades inestables de contratación y un aumento del cuentapropismo. Entre 1976 y 2002 se pasó de 1.8 millones de obreros/as industriales ocupados/as a 500 mil. De la mano de políticas aperturistas, reforma financiera, desregulación de la relación capital- trabajo y redefinición del rol del Estado, se promovió la financiarización y la primarización de la economía.
La dictadura no sólo apretó el bolsillo y destruyó miles de puestos de trabajo, también afectó las posibilidades de organización y el sentido de pertenencia de clase y de comunidad entre quienes viven de su trabajo. La arquitectura represiva, legal e ilegal, prohibió toda actividad gremial: el derecho a huelga, las negociaciones colectivas y paritarias, la realización de asambleas. Este ataque a lo sindical, junto con el cambio en la legislación laboral, debe entenderse como parte del ataque económico, ya que permitió individualizar las negociaciones, anuló conquistas en los regímenes de salubridad y habilitó la expansión de la informalidad, la tercerización laboral y la fragmentación. Se conformó así un núcleo de trabajadores y trabajadoras sometidos a condiciones laborales inestables y notablemente inferiores, que son la variable de ajuste en momentos de crisis o disminución de la producción, estando compelidos a aceptar estas condiciones por temor al desempleo.
En el nombre de la libertad, se promovió, en realidad, plena libertad para aquellos cuya renta, ocio y seguridad no necesita aumento, y apenas una miseria de libertad para el pueblo. La misma ilusoria promesa de hoy día.
