Nota de opinión por *Aníbal Mariano Aristizabal
La presente nota tiene por finalidad poner el foco sobre algunos cambios que se vienen impulsando en el sistema de salud argentino a partir de las políticas públicas del Gobierno Nacional, con el evidente objetivo de instaurar un modelo de atención sanitaria muy alejado del paradigma que impera en el país -no libre de contradicciones y dificultades- desde la mitad del siglo XX.
Es destacable cómo el Gobierno Nacional no está solo en esta empresa, encontrando aliados en diferentes tiendas del arco político del país.
El arancelamiento de la atención sanitaria a extranjeros, que no posean documento nacional de identidad, es el comienzo de una serie de cambios que tienen como finalidad la privatización de la atención médica, como ya se está dando en forma aislada en algunos municipios, por esto es crucial denunciar esos casos testigo si pretendemos tener una democracia con igualdad de derechos en nuestro país.
Una breve reseña
Desde que el Gobierno de Milei asumió la conducción política del Estado Nacional ha sucedido un retiro del mismo en relación a la salud de los ciudadanos, tanto cerrando dependencias como desregulado las tibias medidas de control que la Superintendencia de Servicios de Salud impone al sector privado en término de aumentos de aranceles y otras regulaciones.
Ya desde el DNU 70 se liberaron los precios de las prepagas. Desde que asumió la Libertad Avanza el Gobierno Nacional lleva acumulado casi un 500% de aumento en el precio sin que ello signifique un aumento en la satisfacción de los usuarios ni aumentos equivalentes de los honorarios profesionales, más bien todo lo contrario.
Un número que pone en evidencia la destrucción que el Gobierno Nacional acumula en el área salud es la cantidad de personas que perdieron su cobertura médica, recayendo su atención en el subsector público, estimado en 1.240.000 personas a la fecha.
Mientras la economía continúa en caída no hay nada que nos haga pensar que la tendencia cambie, sino muy por el contrario que se profundice, con mayor cantidad de usuarios que accedan al derecho a través de este subsector. Atacado y desfinanciado como nunca antes por la administración de Milei.
En términos de acceso a fármacos, el paradigma del medicamento como “bien social” impulsado por el Dr. Arturo Oñativia desde el año 1964 giró hacia la distopía de “el medicamento como una mercancía más en el mercado” a la que se accede dentro de la capacidad de pago de cada uno.
Así se desreguló el precio de medicamentos, se impulsó su comercialización por fuera de farmacias y droguerías. Desestimando las condiciones de conservación, calidad y bioseguridad de los mismos. También se aumentó el número de fármacos de venta libre con el consiguiente aumento en el gasto de bolsillo de los pacientes que los requieran.
El punto cúlmine sobre este tema se refleja en la limitación de entrega de medicamentos gratuitos a afiliados del PAMI y en el desmantelamiento del programa REMEDIAR cuyo presupuesto cayó un 72% en la gestión Milei mientras el número de tratamientos entregados lo hizo en un 52%.
El programa incluía 75 principios activos, de los cuales se mantienen 30, siendo solo 3 de ellos para tratar afecciones cardiovasculares, la patología más prevalente en nuestra sociedad.
También se ve reducida la cantidad de botiquines entregados, de los 8000 mil centros de atención primaria que los recibían regularmente solo 800 continuarán con su abastecimiento.
En términos estructurales la desolación es aún mayor, ya a comienzos de 2025 el Gobierno inició una ráfaga de anuncios que incluyó la disolución de 15 direcciones sanitarias siendo las más representativas de esta destrucción la Dirección de Epidemiología y la tristemente recordada Dirección de asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), a la cual acudían los pacientes sin obra social ni prepaga que requerían medicamentos oncológicos.
Otros ejemplos de lo mencionado son el intento de cierre del Hospital Laura Bonaparte evitado gracias al compromiso de las organizaciones sindicales y sus trabajadores, los despidos en el Hospital Posadas y el continuo sofoco económico al Hospital Garraham.
El caballo de Troya
Como en la tan vigente Odisea de Homero en la cual los griegos engañaron a los Troyanos con una ofrenda a los dioses para que abran las puertas a su propia perdición, el pueblo argentino está aceptando de buen grado el arancelamiento a extranjeros sin darse cuenta que al hacerlo están ellos mismos dando pasos firmes hacia la privatización total de su atención sanitaria.
Tomando como marco la penosa situación de asistencia médica que se vive en los países vecinos, los medios de comunicación han logrado instalar satisfactoriamente a través de casos puntuales que se cobraron en forma trágica la vida de ciudadanos argentinos, que el cobro a extranjeros no solo es deseable, sino que además es justo, homologando nuestra atención sanitaria a extranjeros con la ley del talión del Código de Hammurabi.
Más allá de los casos puntuales y excepcionales de lo perversamente denominado “turismo sanitario” que da a entender que el migrante viene alegre y abusivamente a atenderse este país, invisibilizando su dolor y su imperiosa necesidad de atención sanitaria, muchas veces en riesgo de vida.
¿Acaso los gobernantes se encuentran tan lejos de la realidad de los pueblos que no pueden ver que entre una “atención programada” y una “atención de riesgo de vida” hay una gama de grises y que dejarlas desreguladas se traduce en pérdida de vidas inocentes? ¿Alguien los asesora? ¿O tal vez sus asesores son tan imbéciles e inhumanos como ellos?
Negar atención sanitaria a quien la necesita es un crimen de Estado y no es menos aberrante que negarle un vaso de agua a un caminante que se desvanece frente a nuestros pies luego de cruzar un desierto.
La política es la responsable de entablar acuerdos bilaterales y de reciprocidad para que el derecho a la salud de los argentinos se respete en el extranjero y no limitar derechos a personas migrantes garantizados en nuestra Constitución Nacional.
Además, esta política afecta la atención de personas extranjeras que viven, trabajan y tributan desde hace muchos años en este país, pero se encuentran en una situación de residencia irregular y merecen la misma atención sanitaria que un nativo de esta tierra.
¿Tanto ha trastocado nuestros valores este gobierno que debemos reafirmar lo obvio como por ejemplo que migrar no es un delito? ¿Hasta dónde pretende el presidente Milei llevarnos? ¿Qué distopía nos espera en el final de su ventana de Overton?
Uno no puede dejar de preguntarse si nuestros gobernantes piensan continuar legislando desde la más llana inconstitucionalidad, ya que estas políticas están abiertamente enfrentadas a nuestra Constitución Nacional que en sus artículos 42 y 75 garantizan el derecho a la salud en la República Argentina. O Pensará el presidente Milei modificar el preámbulo de nuestra carta magna, y allí donde reza “asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” cambiarlo por “Argentina: entre bajo su propia responsabilidad”
Vienen por vos
En la República Argentina el derecho a la salud está garantizado a través de un sistema compuesto por tres subsectores: el público, el de la seguridad social (obras sociales) y el privado (prepagas). A su vez el subsector público se encuentra dividido en tres subsectores: municipal, provincial y nacional.
A partir de la última dictadura cívico-militar genocida el primer nivel de atención comenzó a ser transferido a los municipios (sin los fondos adecuados por supuesto), terminando su traspaso durante la década neoliberal del menemismo. Es decir que es responsabilidad de los intendentes, garantizar el primer nivel de atención sanitaria del sistema de salud argentino en el subsector público sin el financiamiento acorde. Aquí, en este vacío presupuestario, reside la razón por la cual intendentes de todo el espectro político, a lo largo y a lo ancho del país, son los primeros en sumarse a estos discursos de racionalización del gasto público y priorización de sus representados.
En esta dificultad económica yace la razón por la cual los gobernantes municipales son los primeros en montarse al chovinismo más rancio para justificar la aberrante máxima de negar atención sanitaria a un extranjero. La famosa frase de Samuel Johnson es hoy más cierta que nunca “el patriotismo es el último refugio de un canalla”.
Son de destacar las publicidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del “intendente” Jorge Macri, que se ufana del cobro a extranjeros, presentando el hecho como un triunfo de los porteños sobre las huestes del mal y la expresión última e inmejorable de la “buena gestión”. Si este globo de prueba resulta eficaz ¿intentará el “intendente” porteño poner a prueba la universalidad de la atención en hospitales públicos de CABA? ¿Negará la atención sanitaria a los millones de bonaerenses que trabajan y consumen en CABA? El tiempo dirá. Varios intendentes de la Provincia de Buenos Aires se frotan las manos fantaseando con la misma hazaña de efectividad fiscal y buen uso de los fondos públicos.
Pero si de efectividad fiscal y buen uso de los fondos públicos se trata el clan Passaglia del municipio bonaerense de San Nicolás de los Arroyos no tiene parangón. Allí el sistema de vouchers anunciado por Milei para la atención médica es una realidad. A través de un seguro médico municipal con el cual los nicoleños pueden “elegir libremente” atenderse en efectores públicos o privados de la ciudad.
Asociados al grupo Oroño los Passaglia han impulsado con éxito que los nicoleños sin obra social atiendan sus necesidades sanitarias en los hospitales privados del grupo Oroño. Así las consultas realizadas serán abonadas por el municipio, mientras los centros de atención primaria de la salud de esa ciudad -que son responsabilidad de la gestión Passaglia- se encuentran desfinanciados o cerrados por falta de personal e infraestructura. Es decir que los nicoleños deben “elegir” entre atenderse en un centro de salud en ruinas y sin profesionales o en los hospitales privados de los amigos del clan Passaglia, engordando los bolsillos privados con fondos públicos, capitalismo de amigos en su máxima expresión.
“Donde hay una necesidad nace un derecho” dice la frase popular atribuida a Eva Duarte de Perón. Passaglia completa: donde hay un derecho podemos hacer un negocio ¿Qué pasará mañana si los márgenes de ganancia del grupo Oroño no son los esperados? ¿Limitarán las consultas gratuitas o impulsarán copagos a los habitantes del municipio sin obra social? ¿Y la universalidad del sistema para los no residentes? ¿Y la gratuidad del mismo? A lo largo de la historia los seguros de salud solo han generado aumento del gasto de bolsillo de las poblaciones cautivas y aumento de la litigiosidad en la atención sanitaria de las mismas.
Por eso cuando veas a funcionarios festejar el cobro de aranceles a extranjeros o la pérdida de la universalidad del acceso a la salud como un triunfo de la argentinidad y el comienzo de una era de prosperidad y dignidad para el pueblo no compartas su entusiasmo. Ya que su entusiasmo no puede ser el tuyo.
Cada vez que convenzan a un trabajador que su derecho a la salud se ve afectado por un inmigrante que huye de su país empujado por la necesidad de subsistencia, la enfermedad y muchas veces el peligro de muerte. Al igual que los troyanos de la Odisea habremos abierto las puertas a nuestra propia perdición, a la pérdida de nuestro derecho a la salud y el de nuestros hijos.
Mientras haya un gobierno de ricos el pobre siempre estará en tierra ajena. Vienen por vos.
*Aníbal Mariano Aristizabal
MN 127074 MP 229509
Médico clínico y emergentólogo
H.I.G.A “Pedro Fiorito” de Avellaneda
Secretario de Asuntos Internacionales de CICOP
Integrante de la Conducción Nacional de FESINTRAS
