Tras más de dos décadas de trayectoria en el INTA Balcarce, la investigadora Virginia Aparicio fue exonerada del Estado luego de liderar el estudio internacional SPRINT, cuyos hallazgos revelaron la presencia de agroquímicos en el agua, el suelo y en el 86% de las personas analizadas en el sudeste bonaerense. La expulsión —justificada por el organismo mediante imputaciones administrativas, pero repudiada por el gremio APINTA y la comunidad científica como un acto de censura y persecución— expone un severo conflicto institucional entre la autonomía de la investigación pública, la presión del sector agroindustrial y el derecho ciudadano a la información ambiental.
La primera exoneración en 70 años de historia del INTA
Mediante la Resolución 366, emitida el lunes 26 de octubre de 2026, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) decretó la exoneración de la Dra. e Ing. Agr. Virginia Aparicio. La medida representa la sanción disciplinaria más severa del régimen de empleo público en Argentina, expulsando del Estado a una científica con más de dos décadas de trayectoria en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce —donde se desempeñaba desde 1997 e ingresó formalmente al edificio de investigación en 2009— e imposibilitando de manera absoluta su reingreso a cualquier organismo público estatal.
Este fallo sienta un hito institucional sin antecedentes: se trata de la primera y única exoneración registrada en los 70 años de historia del INTA. La drástica expulsión es el resultado de un sumario administrativo de casi tres años promovido bajo las gestiones combinadas de Nicolás Bronzovich al frente del INTA y Daniel Salamone en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El trasfondo central del conflicto radica en el rol de Aparicio como investigadora del CONICET adscripta al INTA y coordinadora del sitio argentino en el proyecto internacional SPRINT, una iniciativa multinacional orientada a la detección de plaguicidas y la evaluación de sus impactos en la salud humana y ambiental.
Hallazgos clave del proyecto SPRINT: presencia de agrotóxicos en el sudeste bonaerense
El proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition) consistió en una investigación científica internacional bajo la coordinación general de la Universidad de Wageningen (Países Bajos). La estructura del estudio integró a consorcios científicos de diez países europeos junto a la Argentina como único participante sudamericano.
En el país, el área de estudio seleccionada abarcó diez partidos del sudeste de la Provincia de Buenos Aires: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Tandil, Benito Juárez, Necochea, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego. El diseño muestral incluyó a poblaciones rurales, urbanas y de pequeñas localidades, monitoreando la presencia de más de 200 plaguicidas y sus mezclas en matrices biológicas y ambientales. Los datos recopilados ofrecieron una cartografía analítica sobre la magnitud de la exposición química en el corazón de la región pampeana:
- Muestreo biológico humano: Los análisis analíticos sobre muestras de sangre, orina y materia fecal tomadas a 73 voluntarios (comprendiendo a productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores) revelaron la presencia de fertilizantes y plaguicidas en el 86% de las personas evaluadas.
- Presencia de glifosato: Se detectaron residuos de glifosato en las muestras de orina del 84% de los voluntarios analizados.
- Agua de consumo humano (2019-2022): Los monitoreos sistemáticos identificaron la presencia recurrente de moléculas sintéticas como atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid.
- Agua superficial (arroyos y lagunas): El 100% de las muestras hídricas recolectadas en cursos de agua y cuerpos lenticos presentó residuos de plaguicidas, incluyendo compuestos cuya utilización no se encuentra permitida en el marco normativo.
- Polvo en viviendas rurales: Se registró una mediana de 75 sustancias químicas distintas por muestra domiciliaria, documentándose picos máximos de hasta 121 compuestos diferentes en un mismo entorno habitacional.
Resumen de la cronología del conflicto institucional:
- Censura de resultados (junio de 2023): Las autoridades del INTA ordenaron cancelar la jornada comunitaria de devolución de datos en Balcarce y prohibieron expresamente la difusión pública de los hallazgos del proyecto SPRINT.
- Retiro oficial del estudio (fines de 2023): Mediante la Resolución 1081/2023, el organismo retiró a la Argentina del proyecto internacional, argumentando que las muestras biológicas en seres humanos excedían sus funciones agronómicas e invocando objeciones éticas y procedimentales.
- Sumario administrativo: Se instruyó una investigación de casi tres años con ocho imputaciones contra Aparicio (falta de vía jerárquica, dudas presupuestarias y bioéticas), destacando la acusación por la colaboración no oficial de su pareja, el investigador retirado José Luis Costa.
- Contradicciones de la Resolución 366: El INTA aplicó la expulsión máxima a pesar de que el propio expediente admitió la inexistencia de beneficio económico personal, dolo o perjuicio fiscal, además de aplicar 15 días de suspensión al jefe de la unidad, Facundo Quiroz.
La institución aprobó y respaldó el proyecto SPRINT en 2020, pero terminó expulsando a la científica cuando los datos evidenciaron la magnitud de la contaminación ambiental y humana por agrotóxicos.
La prohibición de ingreso, las autoridades y el último día en Balcarce
Posterior a la firma de la resolución, Virginia Aparicio continuó asistiendo diariamente a su laboratorio en Balcarce. La estrategia respondía a la orientación de su equipo legal, el cual sostuvo que la sanción no revestía carácter firme al encontrarse vigentes los plazos administrativos para interponer los recursos de impugnación correspondientes.
Sin embargo, tras la cobertura del caso en medios especializados como Bichos de Campo, la reacción de la conducción central fue inmediata. El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich —un dirigente con trayectoria directiva en la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) que lidera un plan de reestructuración estatal que ya provocó la salida de cerca de 1.800 empleados entre despidos e incentivos a retiros voluntarios—, ordenó de manera drástica bloquear el acceso físico de la investigadora a las dependencias oficiales. La medida reflejó la alineación directa entre la censura científica y la agenda de desregulación ambiental y ajuste sobre los organismos técnicos del Estado.
El retiro definitivo se concretó con la asistencia de una escribana pública —contratada por la Asociación de Personal de Trabajadores del INTA (APINTA)— y su abogado patrocinante. En dicha jornada, se procedió a labrar el acta notarial de entrega de llaves, retirar los efectos personales de su oficina («fotos, plantitas y mi mate») y hacer efectiva su desvinculación física de la estación experimental.
Reacción sindical y despedida de Aparicio
La sanción motivó la inmediata reacción del gremio APINTA, cuya conducción nacional emitió un repudio categórico denunciando que la exoneración constituye un acto de disciplinamiento político contra el desarrollo de investigaciones independientes sobre los impactos de los agroquímicos. En paralelo, un colectivo de exdirectivos, coordinadores de área y referentes científicos jubilados del INTA hizo público su respaldo a la especialista. Entre los firmantes figuraron Héctor Espina (exdirector nacional del INTA), Roberto Cittadini, Alejandro Valeiro, María Rosa Lanari, Daniel Ligier, Fernando Andrade y el propio José Luis Costa.
Antes de efectivizar su retiro, Aparicio difundió una carta pública en la que plasmó sus reflexiones sobre el vaciamiento institucional y la vivencia personal tras recorrer las instalaciones inauguradas en diciembre de 2009, cuyo diseño arquitectónico y técnico había coordinado colectivamente, la crónica surge del portal especializado Bichos de campo:
«El viernes 30 de octubre viví uno de los momentos más difíciles de mi vida profesional. Las autoridades del INTA se presentaron en la Estación Experimental de Balcarce para hacer efectiva mi exoneración y exigirme que me retirara de mi lugar de trabajo. Fue un momento profundamente doloroso. Firmé el acta dejando expresa constancia de mi disconformidad y de que considero vulnerado mi derecho de defensa.
Recorrí los pasillos y tomé fotografías de los lugares donde transcurrió buena parte de mi vida. Todo ese edificio lo pensamos y diseñamos colectivamente. Desde la distribución de los espacios de trabajo y la cantidad y ubicación de los enchufes eléctricos hasta los equipos que necesitábamos, su instalación, mantenimiento y reparación constante. Cada espacio tiene detrás años de esfuerzo compartido, de búsqueda de recursos y de compromiso con la investigación. Allí se formaron estudiantes, se desarrollaron tesis, se hicieron investigaciones y se construyeron vínculos humanos y profesionales muy profundos.
Pero lo que más me impresionó fue la soledad de esos pasillos, el silencio de los laboratorios y la ausencia de tantas personas con las que compartimos años de trabajo. Ese vacío no se explica por mi exoneración. Refleja también el proceso de pérdida de personal, capacidades y financiamiento que venimos atravesando en nuestras instituciones científicas.»
En relación con el cuestionamiento a su labor profesional y el quiebre de la relación con el organismo estatal, la investigadora concluyó:
«Hay algo todavía más difícil de expresar: es imposible que no duela que la misma institución que te formó como científica, que te permitió crecer, investigar, enseñar y construir una trayectoria profesional, sea la que tantos años después te exonera por hechos vinculados con el ejercicio de tu trabajo de investigación. No puedo aceptar que mi participación en un proyecto científico internacional, aprobado institucionalmente y cuyos resultados fueron evaluados positivamente, termine de esta manera.
Voy a defender mis derechos y voy a trabajar para volver al INTA. Quiero seguir investigando, forming estudiantes y aportando conocimiento a la sociedad. Y quiero que, cuando llegue el momento de jubilarme, pueda hacerlo en la institución en la que me formé y a la que dediqué más de veinte años de mi vida. No quiero que mi historia en el INTA termine con una exoneración. Mucho menos por haber desarrollado una investigación científica que sigo considerando necesaria y valiosa para nuestra sociedad.»
Acciones Legales y el debate de fondo
Con la confirmación del acto administrativo, la defensa letrada de Aparicio ultima los detalles para la interposición de un recurso de reconsideración ante el Poder Ejecutivo. Este paso procesal agota la vía administrativa interna y habilita formalmente la radicación de un litigio en los tribunales de la Justicia Federal, donde se solicitará la nulidad absoluta de la Resolución 366.
El caso de la Dra. Aparicio evoca precedentes históricos en el ámbito de la ciencia pública argentina, guardando una estrecha analogía estructural con los episodios de amedrentamiento y hostigamiento institucional que atravesó el médico y biólogo Andrés Carrasco a partir de 2009, tras dar a conocer sus investigaciones relativas a los efectos teratogénicos del glifosato en embriones anfibios.
No obstante, el elemento clave para comprender la dimensión analítica de esta exoneración reside en la conformación del propio órgano que tomó la decisión. El Consejo Directivo del INTA es un cuerpo colegiado de 10 miembros integrado por tres representantes del Gobierno Nacional, un representante de las facultades de Agronomía, uno de las facultades de Veterinaria, y cinco representantes con voz y voto pertenecientes a las principales entidades patronales del campo: la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).
Esta arquitectura institucional implica que el juzgamiento disciplinario de una científica pública esté en manos de una mayoría dominada directamente por los gremios empresariales y corporativos. Son los propios actores económicos potencialmente impactados por las regulaciones, las evidencias de contaminación y el cuestionamiento al modelo de paquetes tecnológicos quienes detentan el poder de expulsar a los investigadores cuyos datos resultan incómodos para sus intereses comerciales.
La expulsión de Virginia Aparicio cristaliza una profunda colisión tripartita en la política pública del país: pone en crisis la autonomía científica al subordinar la investigación estatal a condicionamientos políticos y económicos, vulnera el derecho ciudadano a la información ambiental al suprimir deliberadamente datos sobre riesgos químicos en el sudeste bonaerense, y expone la interferencia del lobby agroindustrial, el cual prevalece en la ciencia pública para blindar el modelo productivo vigente por encima de la salud humana y la protección del territorio.
