La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificó un paro nacional para este martes 9 de diciembre, con una masiva movilización hacia el Congreso de la Nación, convocada para las 11 de la mañana. Esta medida de fuerza es la primera gran protesta contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que el gremio considera un «combo explosivo» para los derechos de los trabajadores.
El Gobierno ha convocado a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre, lo que acelera el tratamiento tanto de la reforma laboral como de cambios en el ámbito penal. ATE ha asegurado que, a pesar de las medidas de fuerza, los hospitales públicos mantendrán guardias, atención en pisos y cirugías impostergables. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los retiros de los lugares de trabajo se prevén a partir de las 10:30 para facilitar la participación en la protesta.
El eje central del conflicto radica en el borrador de la reforma, que, según ATE, socava pilares fundamentales de la legislación laboral.
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, fue enfático al advertir que la gestión de Javier Milei “quiere que desaparezca la organización sindical” y los acuerdos que regulan las condiciones laborales. El dirigente señaló la grave amenaza sobre los derechos conquistados: “Hay una intención muy grande de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos y los acuerdos de estabilidad laboral, y que no haya más indemnizaciones”.
Catalano también detalló las prácticas de precarización que se temen, ya que en el proyecto “pretende que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones y que en algunos sectores obliguen a renunciar para volver a contratarte”. El gremio advierte que las propuestas oficiales favorecerían a “grandes empresas y multinacionales” al “permitir despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”.
“Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, señaló Rodolfo Aguiar.
Desde la conducción nacional, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, profundizó las críticas políticas y económicas, sostuvo que el proyecto oficial “solo busca disciplinar a la fuerza de trabajo”, e indicó que los cambios propuestos no buscan “mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía”, sino que buscan “quitar derechos”.
Aguiar recordó que “experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009-2010 fracasaron en todos los países donde se implementaron”. Además, señaló que el mayor crecimiento del empleo registrado en Argentina ocurrió entre 2002 y 2011/12, un período en el que regía la doble indemnización obligatoria.
El dirigente nacional fue duro con los mandatarios provinciales, señalando que son “partícipes necesarios, cómplices primarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”. Advirtió que no se descartan “movilizaciones nacionales a esos distritos”. En este contexto, ATE reafirmó su compromiso de “estar en la calle resistiendo”.
La medida de fuerza no solo se enfoca en la reforma laboral, sino que también responde a demandas específicas del sector público, que se encuentra en un contexto de recesión, desempleo y precarización:
ATE exige la reapertura de paritarias con un aumento de emergencia para estatales y jubilados. Aguiar declaró: “En el sector público estamos en emergencia salarial”. El gremio denuncia que en los últimos 23 meses han perdido más del 33% de su poder adquisitivo. Al mismo tiempo, el sindicato se opone al plan del Poder Ejecutivo de recortar un 10% del personal en organismos del Estado, calificando la acción como ilegal, especialmente tras el rechazo de decretos de desregulación en el Congreso. Entre los organismos que se verían afectados por esta reducción se encuentran la Oficina Anticorrupción, INDEC, CONICET, ANSES, Archivo General de la Nación, CONADIS, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM.
ATE reclama el pase a planta permanente de los empleados precarizados, la reincorporación de los despedidos, la restitución de fondos adeudados a las provincias y el rechazo a las privatizaciones de empresas públicas, la venta de inmuebles del Estado y la armonización de las cajas previsionales provinciales.
