La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza nacional tras las denuncias por el otorgamiento irregular de préstamos millonarios a funcionarios, legisladores y allegados de La Libertad Avanza. El gremio denuncia una «hipocresía monumental» y exige igualdad de condiciones para los trabajadores estatales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha lanzado una ofensiva gremial y política en respuesta al creciente escándalo de corrupción que sacude al Banco Nación. El sindicato, liderado por Rodolfo Aguiar, organiza a más de 1.000 delegados y afiliados de todo el país para que se presenten de manera masiva en las 709 sucursales de la entidad bancaria con un objetivo claro: solicitar créditos hipotecarios bajo las mismas condiciones preferenciales que recibieron funcionarios y militantes del oficialismo.
«Vinieron a servirse del Estado»
La protesta se formalizará este jueves durante una reunión del Consejo Directivo Nacional en el barrio porteño de San Telmo, donde las 24 conducciones provinciales definirán el impacto de la medida. El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue tajante al calificar la situación: “No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza”.
Desde el sindicato denuncian que, mientras el Gobierno promueve una política de austeridad y ajuste «brutal» sobre la sociedad, sus propios integrantes acceden a recursos públicos de forma discrecional. “La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios?”, cuestionó Aguiar, añadiendo que “se la están llevando toda”.
El escándalo de los créditos VIP
El eje del conflicto radica en una serie de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación que, según las denuncias, se habrían concedido sin cumplir con los criterios habituales de evaluación de riesgo o estabilidad laboral. Los montos otorgados oscilan entre los 100 y 530 millones de pesos y, en muchos casos, no se condicen con los ingresos declarados por los solicitantes.
Entre los beneficiarios de esta «cartera crediticia de privilegio» figuran nombres de alto perfil en la administración de Javier Milei:
- Pedro Inchauspe (Director del Banco Central): $510 millones.
- Felipe Núñez (Asesor de Luis Caputo y director del BICE): $373 millones.
- Federico Furiase (Secretario de Finanzas): $367 millones.
- Emiliano Mongilardi (Director de YPF): Entre $302 y $309 millones.
- Juan Pablo Carreira (Director de Comunicación Digital/Oficina de Respuesta Oficial): $112 millones.
- Lorena Villaverde (Diputada nacional): Entre $230 y $279 millones.
Una de las irregularidades más señaladas por ATE es la falta del requisito de estabilidad laboral. Aguiar ejemplificó este punto con el caso de Leandro Massaccesi, ex Jefe de Gabinete de Capital Humano, quien obtuvo un crédito de 400 millones de pesos días antes de ser desplazado de su cargo.
La mira de la Justicia
La situación ya ha escalado al plano judicial. Una denuncia penal presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual apunta contra exdirectivos del banco, incluyendo a Daniel Tillard (ex presidente de la entidad), por delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles. El juez federal Daniel Rafecas ha iniciado una investigación para determinar si existió un manejo discrecional y arbitrario de los fondos públicos.
La denuncia sostiene que el Banco Nación habría autorizado estas operaciones sin los controles internos adecuados y bajo condiciones más favorables que las del mercado. Ante esto, ATE ha reclamado una «inmediata investigación» administrativa y judicial, calificando estas prácticas como “obscenas” y constitutivas de un posible “enriquecimiento ilícito”.
Desde el Poder Ejecutivo, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha salido en defensa de sus colaboradores asegurando que “no tienen ventaja respecto del resto”. Por su parte, el canciller Pablo Quirno sostuvo que las condiciones están disponibles para todos aquellos que cumplen el requisito de cobrar sus haberes en el banco estatal.
Sin embargo, para el sindicato estatal, el contraste es ineludible. “Estas prácticas se dan en un contexto en el que el acceso a la vivienda para la mayoría de los argentinos se convierte en un drama y es imposible”, concluyó Aguiar, vinculando estos beneficios directamente con el ajuste sufrido por jubilados, comerciantes y trabajadores del sector público y privado.
