En una jornada marcada por una enorme movilización sindical y social, y un recinto blindado a los reclamos populares, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la denominada “Ley de Modernización Laboral”. Mientras en el interior del palacio legislativo el oficialismo tejía alianzas para desmantelar décadas de conquistas sociales, en las calles la respuesta gremial fue masiva y terminó empañada por una brutal represión policial que dejó al menos 37 detenidos. La sesión, que se extendió por 14 horas, culminó en la madrugada del 12 de febrero con 42 votos a favor y 30 en contra, consolidando un proyecto que diversos sectores ya califican como una forma de «esclavitud moderna».
Reclamo masivo en las calles: «Modernizar no es precarizar»
Desde temprano, las tres centrales obreras y una multitud de trabajadores se concentraron bajo la consigna «Modernizar no es precarizar», denunciando que el proyecto busca «reventar» la Ley de Contrato de Trabajo. La movilización contó con columnas nutridas de gremios como la UOM, Aceiteros, SUTNA, SiPreBA y Camioneros, aunque la decisión de la CGT de no convocar a un paro nacional previo le restó potencia al reclamo en un momento crítico. La movilización en la capital tuvo su réplica masiva en las grandes ciudades del país.
Las declaraciones de los protagonistas reflejan la gravedad del momento. Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, fue contundente: “Hay que intensificar las acciones gremiales de aquí a que se trate en Diputados… es necesario un paro y estar movilizados hasta el día que se trate en la Cámara Baja”. Por su parte, la CGT emitió un comunicado advirtiendo que los legisladores tienen un compromiso con cada trabajador y que la ley solo traerá “contratos más precarios, despidos más baratos y jornadas más largas por menos salario”.
La tensión escaló alrededor de las 16:30, cuando la policía arremetió contra algunos de los manifestantes justo en el horario en que más trabajadores se sumaban tras sus jornadas laborales. Esa foto no pudo tapar la masividad del reclamo. A pesar del clamor, el Senado sesionó ignorando la violencia ejercida en las inmediaciones.
En el día posterior la CGT emitió un comunicado:
El detalle del desguace: ¿Qué se reformó?
El texto aprobado introduce modificaciones estructurales que atacan directamente la estabilidad y los ingresos del trabajador. Los puntos más polémicos incluyen:
- Reducción de Indemnizaciones: Se excluyen del cálculo conceptos históricos como el aguinaldo, vacaciones y premios. Además, las pymes podrán pagar sentencias judiciales en hasta 12 cuotas, licuando el valor real del resarcimiento.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un mecanismo de cese financiado con aportes patronales, que el senador Mariano Recalde denunció como un beneficio con «nombre y apellido» para ciertos sectores, calificándolo directamente de “curro”.
- Jornada de 12 horas: Se habilita el «banco de horas», permitiendo extender la jornada laboral hasta las 12 horas diarias para compensar horas extra con días libres, eliminando de facto el pago adicional por sobreesfuerzo.
- Ataque a la actividad sindical: Se restringen las asambleas en los lugares de trabajo —que ahora requerirán permiso patronal y no serán remuneradas— y se limita el derecho a huelga al declarar como «esenciales» o «trascendentales» a sectores como la educación y el transporte de caudales, exigiendo guardias mínimas de hasta el 75%.
- Fin de la ultra-actividad: Los convenios colectivos vencidos perderán vigencia, obligando a los trabajadores a negociar bajo condiciones de debilidad.
- Precarización Digital: Se legaliza la figura del «repartidor independiente» para plataformas, despojando a miles de trabajadores de cualquier relación de dependencia.
Los artífices del ajuste y la resistencia en el recinto
La victoria oficialista fue posible gracias a una coalición liderada por La Libertad Avanza (18 votos), con el apoyo clave de la UCR (10), el PRO (4) y bloques provinciales. Senadores como Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Luis Juez y Carolina Losada fueron piezas fundamentales para la aprobación.
Patricia Bullrich, quien articuló los apoyos y preside el bloque libertario, celebró la medida tildándola de «revolución» y disparó contra los gremios: “A los que hicieron de la industria del juicio un negocio, se les termina. Estamos a un paso de un cambio histórico”. Desde la Quinta de Olivos, el presidente Javier Milei se limitó a postear un escueto «Histórico. VLLC».
En la vereda opuesta, el rechazo fue unánime en el interbloque peronista. José Mayans comparó la retórica oficialista con los carteles de los campos de concentración nazis que rezaban “el trabajo libera”, denunciando que el proyecto “viola el artículo 14 bis de la Constitución” y busca volver a condiciones laborales del año 1800. Mariano Recalde reforzó esta postura advirtiendo sobre la “destrucción de las columnas vertebrales de protección” de los trabajadores. Incluso algunos senadores que suelen acompañar al Gobierno, como el santacruceño José María Carambia, votaron en contra argumentando que “la esencia de la ley es afectar los derechos del trabajador”.
El camino a Diputados: trámite «exprés» o paro general
El Gobierno no planea detenerse. Con la extensión de las sesiones extraordinarias, buscan que el proyecto tenga dictamen de comisión el 18 de febrero para lograr la sanción definitiva antes de marzo. Bullrich ya advirtió que no quiere cambios en la Cámara Baja: “La ley ya está, es esta”, y amenazó con que el Senado tendrá la última palabra si hay modificaciones.
Sin embargo, el escenario de conflictividad social promete escalar. Ante la pérdida de cientos de miles empleos registrados en solo seis meses y el estancamiento de la actividad, las centrales obreras se encuentran bajo una presión creciente para declarar un paro general. La batalla que comenzó en el Senado se traslada ahora a Diputados y, fundamentalmente, a una calle que promete no abandonar la resistencia ante lo que consideran un despojo histórico de sus derechos.
